Hasta hace poco más de un mes funcionaba una saladita de venta ilegal; ahora, post desalojo, los puesteros ya no están más. Sin embargo, ese galpón que servía para los comerciantes fue ocupado por más de 50 personas con problemas habitacionales que construyen con materiales, en lo que es una extensión de la villa 31 de Retiro.
A pocos metros de la avenida Ramos Mejía y de la terminal de ómnibus, más precisamente en la calle 13, que conecta con el inmenso asentamiento, unas 12 familias viven en el galpón, a pesar de que había sido clausurado por el Ministerio Público Fiscal porteño. La fiscal con competencia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad, Verónica Guagnino, requirió allanar el galpón para determinar en qué condiciones de salubridad vivía la gente, pero la jueza Alejandra Dotti que interviene en la causa denegó su pedido. En el medio, los ocupantes denunciaron que hace 10 días fueron agredidos por efectivos de la Policía Federal, por lo que ya hay una demanda en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
La Metropolitana había desalojado el lugar el 9 de mayo. Funcionaban allí unos 20 puestos que comercializaban desde electrónica hasta indumentaria trucha.
Fuente: La Razón