El país podría presentar hoy en Nueva York su apelación en la causa por los holdouts.
La causa judicial contra los holdouts en Nueva York suma complicaciones hasta sus últimas instancias, ya que abogados y banqueros creen que hoy el Gobierno debe presentar su apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos si pretende revertir el fallo que lo condenó a pagarles a los holdouts US$ 1333 millones.
Fuentes de Wall Street y abogados que siguen de cerca el expediente explicaron ayer a LA NACION que hoy vencería el plazo para que el Gobierno presente un pedido de revisión ( certiorari ) ante la sentencia de segunda instancia dictada el 26 de octubre de 2012. El Ministerio de Economía no respondió las consultas de LA NACION sobre el tema.
El argumento de los abogados es que «si no apela este lunes, el Gobierno estaría tomando el riesgo de que la Corte Suprema no estuviera de acuerdo con el cálculo de los plazos y podría perderse la oportunidad de apelar», luego de que la Cámara de Apelaciones, que ratificó el fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa de febrero de 2012 en contra del Gobierno, también rechazara revisar el caso en un plenario de todos los jueces del distrito. Tras esta chance perdida, agregó la fuente, «hay ciertos elementos del fallo del 26 de octubre que no están bajo discusión y que la Argentina debería apelar».
El duro fallo de segunda instancia dejó en firme el criterio de Griesa de que el país violó el pari passu al no pagarles a los holdouts en paralelo a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010, equivalentes al 93% de los acreedores. Luego de esa sentencia, la cámara le pidió a Griesa que definiera la fórmula de pago de los US$ 1333 millones reclamados por los demandantes y el alcance de la responsabilidad de los terceros involucrados, como el Bank of New York y otros agentes de pago y custodios de los bonos argentinos.
Con dureza, el magistrado dictaminó que el pago debía hacerse de una sola vez y que todos los terceros vinculados con el pago de bonos argentinos eran responsables de que el Gobierno cumpliera con el fallo, bajo pena de ser considerados cómplices.
Luego, bonistas que entraron en el canje liderados por el fondo de inversión Gramercy, que tiene bonos canjeados y otros en default, pidieron que la cámara revisara este criterio, al señalar el efecto perjudicial que podía provocar sobre el sistema financiero una sentencia semejante. La Cámara de Apelaciones escuchó los argumentos y le pidió al Gobierno que presentara una alternativa, algo que el Ministerio de Economía hizo en marzo, al admitir la posibilidad de un tercer canje, en condiciones similares a las de 2010.
Sin embargo, los abogados que sostienen que el plazo para apelar ante la Corte ya expira explican que en este ida y vuelta posterior al fallo de la cámara de octubre no estuvo en discusión que la Argentina debía pagarles a los fondos buitre NML y Aurelius, junto con 13 bonistas minoristas. En cambio, otros letrados entienden que, como el fallo en su conjunto no está firme, no corren los plazos para que el país tenga que apurarse, hasta que la Cámara de Apelaciones no se expida sobre el monto a pagar, los plazos y la responsabilidad de los terceros, algo que podría ocurrir en los próximos días o meses, según fuentes que participan de la causa judicial.
Si se tomara en cuenta como válida esta segunda interpretación, el recurso ante la Corte Suprema sólo sería necesario una vez que la cámara se expida sobre estas cuestiones y, más importante aún, sobre la posibilidad o no de mantener el suspenso ( stay ) sobre la ejecución de la sentencia. Los fondos buitre han explicado que no hay razón para que se mantenga el suspenso, dado que la justicia ya ha debatido todos los ejes del caso, pero seguramente el Gobierno, a través del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, junto con bonistas que entraron en el canje, argumentará lo contrario, a la espera de ganar tiempo.
Con el fallo de la cámara dictado, las partes podrán pedir que la Corte Suprema decida si acepta o no estudiar el caso, algo que aún los abogados que esperan un fallo benigno para el país creen que será difícil de lograr, dado que, al parecer, no habría violación de las leyes federales de Estados Unidos. Si aceptara tomarlo, el Gobierno podría ganar hasta un año más hasta que se expida, aunque fuera en términos desfavorables, lo que lo dejaría cerca del plazo de fines de 2014, cuando podría negociar en términos extrajudiciales con los fondos buitre para hacerles una oferta diferente de la que propuso a los bonistas que entraron en ambos canjes.
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