Jorge Rizzo respondió la solicitud de per saltum que efectuó el Gobierno, luego de que la jueza dictara la inconstitucionalidad de la elección popular de los consejeros de la Magistratura.
El presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, respondió al pedido de «per saltum» que efectuó el Gobierno para que la Corte Suprema de Justicia resuelva sobre la validez de la ley que dispuso la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Pidió a la Corte que ratifique el fallo de Servini de Cubría.
«Esta Ley constituye un abuso de derecho, y claramente el pueblo no ungió a su Presidente para que, mediante la promulgación de leyes inconstitucionales, avasalle las garantías constitucionales que la hicieron primera mandataria», sostuvo Rizzo en su dura respuesta al Gobierno en el marco de la tramitación del per saltum aceptado por la Corte.
En su contestación, Rizzo solicitó a la Corte Suprema que ratifique el fallo de la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría que declaró inconstitucional la elección popular de los consejeros «a fin de evitar el grave atropello que la aplicación de la Ley 26.855 involucra, la que, de prosperar ocasionaría un perjuicio actual, manifiestamente arbitrario e inminente al legítimo derecho de participar y de postular candidato en las próximas elecciones de representante del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación» .
Rizzo criticó los argumentos que dio el Estado al fundar el per saltum, y sostuvo que «sus firmantes lo han realizado con acabado desconocimiento de las más elementales condiciones del expediente».
«La presentación evidencia liviandad en la elaboración necesaria para realizar la fundamentación de un recurso que tramita en instancia extraordinaria; o bien tendría el mero objetivo de rellenar espacio ante la evidente falta de argumentación constitucional y de agravios serios; o ambas», sostuvo Rizzo.
El letrado sostuvo que en las elecciones de representantes de abogados ante el Consejo de la Magistratura «tenemos un interés cierto y actual de participar, y requerimos de V.E. que se reconozca y garantice nuestro derecho y se nos permita participar en un proceso eleccionario que respete la letra y el espíritu del artículo 114 CN», dice la presentación ante la Corte.
«Resulta indudable que el efecto de esta ley será la directa vinculación de los nuevos Consejeros con el partido político que los proponga. Nos ha quedado claro a todos los actores de la Justicia que ésta necesita una profunda reforma. Sin embargo, esta Ley, en sus puntos más relevantes, no sólo no cumple con las necesidades de los habitantes sino que, por el contrario; diluye la representación de los estamentos actores del sistema judicial y pone en manos de los partidos políticos, las decisiones técnicas de un organismo que debe basar sus decisiones en cuestiones eminentemente legales», sostuvo.
Para el amparista el artículo 114 de la Constitución «claramente establece que la representación es estamentaria; para ser popular debería entonces reformarse el texto constitucional más no intentar, por vía legislativa, imponer una ley a todas luces inconstitucional, que pretenda evitar el engorroso trámite de una reforma constitucional».
Rizzo espera que la Corte confirme el fallo de Servini de Cubría, quien sostuvo en su fallo que la cláusula que obliga a los jueces a ir en las listas de los partidos políticos «vulnera la independencia judicial». La jueza también dictaminó que es inconstitucional la ampliación del Consejo, de 13 a 19 miembros, pero no se pronunció sobre el cambio en las mayorías para impulsar la remoción de los jueces.
Se espera que la Corte dicte una resolución a principios de la semana próxima. El máximo tribunal dio un plazo de 48 horas a Rizzo, que ya respondió y al partido Democracia Cristiana para que contesten los escritos del Gobierno. Después, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tendrá otras 48 horas para dictaminar.
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