Fue aprobado por la mayoría oficialista en tres comisiones y la Cámara alta le daría media sanción el miércoles próximo; expertos alertaron sobre sus efectos negativos
Las advertencias sobre la posibilidad de que la Argentina se convierta en un paraíso fiscal y sobre el impacto negativo que el régimen tendrá sobre la cultura tributaria fueron sólo algunas de las críticas que recibió ayer, en el Senado, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone un amplio blanqueo de moneda extranjera no declarada ante las autoridades fiscales.
A pesar de los duros cuestionamientos, el kirchnerismo cumplió con el objetivo que se había fijado y aplicó su mayoría en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía e Inversión y de Justicia y Asuntos Legales, y emitió dictamen favorable a la iniciativa. También se negó, a pesar de los insistentes pedidos de la UCR, a convocar a José Sbattella, director de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de alertar sobre posibles maniobras de lavado de dinero.
Ahora, el cronograma fijado por la Casa Rosada prevé llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta en sesión especial el miércoles próximo. El kirchnerismo de la Cámara de Diputados planea tratarlo en comisión el martes 28 y sancionarlo, de no mediar imprevistos, al día siguiente.
La mayoría de los economistas que expusieron ayer en el Senado fueron invitados por los bloques de la oposición, muchos de ellos ex funcionarios de gestiones peronistas.
En medio de tanta crítica, la oposición puso en aprietos a la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyos representantes, Ignacio de Mendiguren, presidente, y Daniel Funes de Rioja, vicepresidente, debieron hacer malabares para no cuestionar de manera directa el proyecto. Tanto que, apurados por el senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy) para que dijeran si apoyaban o no la iniciativa, terminaron diciendo que la comisión directiva de la central fabril «no había analizado el proyecto artículo por artículo».
Antes de eso, el ex director de la AFIP Alberto Abad fue categórico con las consecuencias negativas que tendrá el blanqueo que impulsa el Poder Ejecutivo, al afirmar que provocará «una erosión fuerte del pacto fiscal». «Esto va a retroalimentar la sensación de que el futuro hace cumplir la profecía desgraciada de que siempre hay impunidad para los poderosos, que pagan los que menos tienen y que ganan los evasores».
En la misma sintonía se expresó el ex presidente del Banco Central Javier González Fraga, quien alertó sobre la posibilidad de que se laven activos provenientes de actividades ilícitas al asegurar que «se está perfeccionando una conducta delictiva» al permitir el canje de moneda extranjera por los bonos Cedin (Certificado de Depósito de Inversión Inmobiliaria) y Baade (Bono Argentina de Ahorro para el Desarrollo Económico). Apenas unos minutos antes, el senador Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis) había usado un ejemplo más que gráfico para criticar la propuesta: «Los ladrones van a comprar casas con cedines», sentenció.
Sin alcanzar cotas de tensión, el debate tuvo algunos momentos destacados, como cuando Aldo Pignanelli mandó «al que habló a favor del Gobierno a estudiar economía». Se refirió a Héctor Valle, invitado por el FpV y único de los especialistas que apoyó el blanqueo, al afirmar que será «un instrumento válido para ligar la inversión con la materialidad de casas, altos hornos y exploración del petróleo». También a favor habló el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Roberto Arévalo, quien celebró la discusión de un proyecto que ayudará a lo que definió como «un alicaído mercado inmobiliario».
«Lo vemos positivo», dijo el empresario, quien también reclamó que se busque «transparencia, seguridad jurídica y celeridad en la operatoria» en la reglamentación del proyecto una vez sancionado.
Como no podía ser de otro modo, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, apoyó el proyecto, ya que uno de los principales beneficiados será el sector que representa. Es más, dijo que el sistema «no sólo reactivará la industria constructora, sino también a las proveedoras de insumos». Pero alertó que «hay que tener cuidado con la letra chica, con la reglamentación» de la ley, para que «esto termine en el desarrollo de la industria».
Si bien todavía no está definido, todo indica que el proyecto sufrirá una modificación. Se introducirá una cláusula para prohibir el acceso al régimen a familiares de las personas involucradas en causas judiciales, propuesta que la semana pasada fue vista con buenos ojos por el director de la AFIP, Ricardo Etchegaray.
UN TRIBUNAL EN LA CASA ROSADA
Los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, que juzgan al ex presidente Fernando de la Rúa por el supuesto pago de coimas a senadores, recorrieron ayer la Casa Rosada para inspeccionar el despacho presidencial. La idea era establecer si es veraz la declaración de Mario Pontaquarto, el valijero que dijo haber pagado las coimas. Recorrieron el lugar en compañía de Oscar Parrilli..
Fuente: La Nación