Austral Construcciones, compañía emblemática del empresario kirchnerista Lázaro Báez, fue clienta de SGI, la financiera que perteneció a Federico Elaskar y fue bautizada «La Rosadita». La Justicia tiene pruebas de que cambió cheques por «altas sumas de dinero», informaron fuentes con acceso a la causa que investiga a Báez por lavado de dinero.
La lista de quienes operaron con SGI incluye a muchas otras empresas, cuyos nombres no fueron dados a conocer. Ayer, el juez federal Sebastián Casanello volvió a allanar el edificio Madero Center, donde funcionaba la financiera. Ordenó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se llevara toda la documentación que había quedado, bajo custodia, en las oficinas.
El objetivo del juzgado es analizar todo lo secuestrado (los papeles y la decena de computadoras) y determinar la matriz del negocio de SGI, relataron fuentes judiciales. Hasta el momento, los investigadores saben que la financiera cambió cheques por altas cifras de dinero.
En su primera aparición ante las cámaras de televisión, Elaskar dijo que SGI, que era suya, había sacado del país 55 millones de euros de Lázaro Báez. Días más tarde, se desdijo. Lo mismo que Leonardo Fariña, supuesto valijero del empresario. Elaskar relató también que fue obligado a venderle su financiera a Daniel Pérez Gadín, contador que trabajaba para Báez.
Esta semana, SGI presentó en Tribunales un pedido de restitución del inmueble, que fue rechazado por el juez. Báez, Pérez Gadín, Elaskar y Fariña fueron imputados en esta causa por lavado de dinero por el fiscal Guillermo Marijuan, al igual que Martín Báez -hijo del empresario- y Fabián Rossi, el marido de la actriz Iliana Calabró, señalado como el eslabón en Panamá del circuito para girar dinero negro desde SGI hacia Suiza. Entre todas las medidas de prueba ordenadas en las últimas semanas, Casanello pidió el listado completo del personal que SGI autorizó a entrar en el edificio. Podrían ser citados en la causa. Se estima que en total unas 50 personas trabajaban vinculadas a la financiera. El juzgado pidió también que la guardia del edificio aportara las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Durante las últimas semanas, se ordenaron además declaraciones testimoniales, que se llevaron adelante sin que trascendieran. Una de las personas que declararon fue la wedding planner Bárbara Diez, esposa del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien organizó el casamiento de Fariña con la modelo Karina Jelinek. Diez informó que la fiesta la pagó, con cheques y transferencias, el empresario Carlos Molinari, para quien Fariña supuestamente trabajaba. Dijo también que Rossi había participado del armado del casamiento.
Otro de los testigos fue el administrador del edificio de Libertador donde vivía Fariña. De acuerdo con su testimonio, una empresa de Molinari le pagaba las expensas.
El juzgado dispuso además una serie de medidas de prueba para obtener la información que obra sobre los imputados en los registros públicos. Pidió a la AFIP toda la información patrimonial que tuviera sobre ellos; al Banco Central, todas las operaciones que hubieran registrado, y a la Unidad de Información Financiera (UIF), la remisión de cualquier reporte de operación sospechosa (ROS) que los alcanzara. No sólo a ellos; también a más de 20 empresas, entre las que figuran Austral Construcciones, que durante el kirchnerismo se convirtió en una de las mayores contratistas de obra pública en la Patagonia, y Helvetic Services Group, el holding suizo señalado como comprador de SGI.
Se pidieron también informes sobre los bienes y los viajes de los investigados, así como sobre las causas que pudieran tener abiertas en su contra en otros juzgados.
Fuente: http://www.lt10digital.com.ar/