Nación busca levantar la huelga, que ayer cumplió su cuarto día y ya afecta a 300 mil personas que no pueden viajar por el país. Randazzo insinuó un pacto entre empresarios y la UTA para presionar por subsidios.
Las postales de la gente sin poder viajar, durmiendo en el suelo y con los bolsos en el piso en todas las terminales del país se mantienen inalteradas. Ayer se cumplió el cuarto día de paro de micros de larga distancia y la discusión por el conflicto, que tiene tres actores (los choferes, las empresas y el Estado), continúa empantanada. El Ministerio de Trabajo nacional dispuso un aumento de 23% para los trabajadores y ordenó que se levante la medida de fuerza, algo que aún no ocurrió; la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), en tanto, se mostró firme y dijo que no puede pagar ese incremento.
El paro ya afecta a casi 300 mil personas que no pueden viajar a los dos mil destinos que cubren los ómnibus en el país, con unos 22 mil choferes. Ante la magnitud del episodio, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, descargó sospechas. “No quiero pensar que hay complicidad entre empresarios y algunos dirigentes sindicales para volver al sistema de subsidios”, insinuó. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte aplicó multas a 130 empresas por incumplimiento y por cerrar boleterías, agregó el funcionario.
El sector no cuenta con aportes estatales desde enero de 2012. Así, los colectivos ni siquiera tienen rebajas en las naftas. Eso se ve reflejado en los precios, que en algunos casos muestran desvaríos. Para cubrir destinos largos como Bariloche, Salta o Córdoba, se consigue colectivos más caros o casi a igual costo que los pasajes aéreos.
“Si sigue el paro es porque hay complicidad. La pregunta es por qué la UTA sigue cuando ya le dieron lo reclamado”, siguió Randazzo. Recibió la respuesta del titular de ese gremio, Roberto Fernández, quien dijo que le dio “vergüenza ajena” que se difundiera una resolución salarial sin la participación del sindicato ni las empresas.
La cámara empresarial recordó la “crítica situación estructural” y graficó que los aumentos de sueldos implicarían $840 millones anuales. Al respecto, desde UTA dijeron que una solución sería “bajar impuestos para la compra de las gomas” y que el Estado “asuma el 50% del costo de los pasajes para discapacitados. No se puede pretender que el empresario pierda plata”.
Fuente: La Razón