Trabajaban en el Municipio de la Costa en 2001, cuando Darío Jerez desapareció en Santa Teresita. La Justicia concluyó que fue un asesinato, aunque el cuerpo jamás se halló. En total hay 7 acusados.
El 25 de octubre de 2001, por la mañana, Darío Jerez (40) se despidió de su mujer y salió –como hacía la mayoría de los días–, a levantar pedidos para la firma donde trabajaba. Estacionó su Renault Laguna sobre Diagonal 23 entre 3 y 4, de la localidad balnearia de Santa Teresita, sin saber que ese sería su último rastro. El auto quedó con su abrigo adentro y su cargador de celular. Pasaron casi 12 años y su familia no sabe nada de su paradero.
¿Dónde está, qué pasó con él y por qué está desaparecido? Son las preguntas que su familia se hace desde entonces. Después de que la causa pasara por las manos de cinco fiscales, el viernes 1° de marzo comenzó en Dolores un juicio oral y público contra siete personas por el llamado “caso Jerez”.
Tres de los acusados son ex funcionarios del Municipio de la Costa.
El fiscal Diego Escoda caratuló la causa como “privación ilegal de la libertad calificada por homicidio resultante”. Es que, a pesar de que el cuerpo de Jerez nunca fue hallado, de todas formas la Justicia considera que su desaparición derivó en un crimen.
Los imputados, sin embargo, están en el debate únicamente acusados de falso testimonio y encubrimiento. Ellos son Jorge Grande –ex secretario de Gobierno del Municipio de la Costa–, Daniel López –ex concejal por la UCR– y Cristian Ibarra –ex director de Inspecciones del municipio–. Se suman a ellos Alejandro Muñoz y Carlos Subirol, miembros de la empresa Comprar para la que trabajaba la víctima, y financiera a la que se relaciona también a los funcionarios comunales. Además, están en el banquillo Patricia Sanabria y Leandro Alzugaray.
“Yo esperaba ese día a mi marido para llevar a la escuela a mis hijos e imaginé que algo le había pasado cuando pasaban las horas y no contestaba el teléfono. El era muy responsable. Todo se me vino abajo cuando me enteré que ni siquiera había pasado el pedido a Arcor, donde trabajaba a la mañana. Encima, cuando hice la denuncia, una funcionaria judicial me dijo que mi marido seguro estaba en el Caribe apantallándose. No era cierto y yo llevo casi 12 años pidiendo una respuesta”, dijo a Clarín Viviana Zubiaurre, la mujer de Jerez. El matrimonio tiene tres hijos que, en aquel momento, tenían 17, 15 y 11 años.
La mujer del comerciante contó que toda la investigación estuvo “llena de irregularidades” y que desde un principio se hizo todo al revés. “No se controlaron las salidas del municipio, ni de la provincia. No se pidieron las cámaras de los peajes, se rastrearon pistas falsas sabiendo que no llevaban a nada, como cuando hubo 25 días de excavaciones porque alguien declaró que había visto a mi esposo en una fiesta negra en San Clemente”, detalló Viviana.
“En principio se decía que mi marido tenía cheques para cobrar de la empresa en la que trabajábamos los dos –él en créditos y yo con tarjetas–, pero nunca me habló de eso. También se dijo que había sido testigo de un robo a un cajero, y eso también es falso, porque el día en que eso ocurrió él no fue al banco. Todas cosas para desviar la atención ”, comentó la mujer a Clarín.
Viviana, sin embargo, tiene otra idea de lo que pasó con su marido: “Algo vio, escuchó, le propusieron y no quiso. No sé ni siquiera si lo llevaron en un auto, nada. Sí tengo claro que no se fue por propia convicción. Mi marido era un hombre de campo, sencillo, no tenía enemigos, si hasta me dijeron que era tan limpio que no sabían por dónde buscar. Y no puedo dejar de ponerme mal pensando que seguramente ya no está con vida. Y por eso quiero justicia y quiero saber qué pasó”, remarcó la mujer.
Para la familia, el hombre es otro desaparecido en democracia (como Julio López). Y está convencida de que “el poder político y policial algo tuvo que ver en su desaparición, al menos con la logística”.
Se calcula que el juicio durará hasta fines de este mes y por él pasarán unos 400 testigos. Más de la mitad son policías que participaron de la búsqueda y el rastrillaje por los balnearios de la costa argentina, aunque sin éxito, durante 11 años y cuatro meses.
Fuente: Clarìn