El opinólogo y ex jefe de la Bonaerense está acusado por «defraudación y malversación de caudales públicos». Comenzó a ser investigado cuando era jefe del área especial creada para investigar la voladura de la AMIA. El 19 de marzo arranca el juicio.
El juicio contra Luis Vicat, ex comisario inspector de la Policía Bonaerense, fue finalmente confirmado y comenzará el martes 19 de marzo en los Tribunales de La Plata.
El comienzo se había postergado debido a que la defensa del acusado presentó un pedido de suspensión del juicio a cambio de purgar condenas con trabajos comunitarios.
El fiscal rechazó el planteo, pero la defensa apeló, por lo que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 debieron resolver el rechazo al entender que la resolución no es recurrible.
De este modo, el licenciado en seguridad comenzará efectivamente a ser juzgado por «defraudación y malversación de caudales públicos», que prevé penas de dos a diez años de prisión-.
La investigación contra Vicat estalló a fines de 1998 cuando se detectó que realizaba tareas de espionaje a jueces platenses, ex funcionarios, políticos y hasta agrupaciones de Derechos Humanos.
Vicat, que estuvo a cargo de la investigación por la voladura de la AMIA, consiguió siempre sortear los procesos judiciales en su contra. De hecho, estuvo prófugo cuando se abrió la causa por comandar una asociación ilícita que espiaba a jueces y postergó más de una vez el inicio del juicio.
Vicat era el jefe de la Unidad de Investigaciones Complejas del Area de la policía de Investigaciones -creada el 12 de noviembre de 1996-, una División creada para intervenir en casos complejos como el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, el atentado contra la AMIA o el homicidio del estudiante Miguel Bru.
Según el juez que realizó la instrucción, Vicat «cometió presuntos delitos y demostró clara conducta abusiva del cargo, por cuenta propia o por otras personas a su mando».
Voceros consultados por Online-911 dijeron que está documentado que el ex comisario «recaudaba en el Hotel Libertador de Capital Federal». La misma fuente apuntó que existen «filmaciones» en la avenida Córdoba.
«Allí citaba a los porongas de la Bonaerense para currarlos y no prescindirlos por la cuota mensual», explica a este portal un informante con acceso a la causa.
De acuerdo con las pruebas reunidas, la operatoria en el hotel está registrada «mes por mes». En su casa, que fue allanada por la Brigada de Investigaciones de La Plata, los detectives encontraron los «sobres» de los jefes regionales que le pagaban «protección» para que Eduardo de Lazzari, el entonces secretario de seguridad, no los echara. Allí funciona su estudio de abogacía, y se secuestraron 129 mil pesos (divididos en sobres) y documentación sobre casos resonantes, como el caso Cabezas.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores es la información que tenía sobre los jueces federales Manuel Humberto Blanco, Arnaldo Corazza, Julio Miralles y Ricardo Ferrer, y el juez bonaerense Guillermo Atencio, a quienes venían «siguiendo».
Sobre el tema de espionaje, los voceros indicaron que el ex comisario inspector sería quién había montado una «cueva» en la calle Macacha Guemes 555, en Puerto Madero. Allí, con equipos de escucha ilegal que usaba supuestamente para la causa AMIA, habría pinchado teléfonos de políticos del gobierno en turno junto a otro jefe policial: Guillermo Villegas.
Según las fuentes, y a criterio del juez, el ex jefe policial usufructuó su condición de jefe del área especial AMIA, con equipamiento y personal a su cargo, para llevar adelante presuntas conductas delictivas.
Fuente: Online-911