El director de Licencias del gobierno porteño, Mariano Quiñones, pende de un hilo luego de que se revelara que un grupo de delincuentes comercializa registros de conducir en una ventanilla paralela de esa dirección. Llegó a ese cargo de la mano del hijo del ex ministro del Interior de Menem, Maxi Corach.
Un funcionario del gobierno porteño quedó en jaque luego de una investigación publicada por el Diario Popular, que reveló que un grupo de delincuentes que opera desde una ventanilla paralela en la Dirección General de Licencias de la Ciudad de Buenos Aires comercializa registros profesionales y permite así a los interesados sortear las exigencias de la Ley Nacional de Tránsito.
El funcionario en cuestión es Mariano Quiñones, titular de la Dirección General de Licencias de la Ciudad, encuadrada en la subsecretaría de Transporte.
Como informaron a LPO desde el gobierno porteño, Quiñones llegó a ese cargo de la mano del presidente de la junta de la Comuna 14, Maximiliano Corach, hijo del ex ministro del Interior de Carlos Saúl Menem, Carlos Corach.
El mecanismo
De acuerdo a la investigación, esta mafia, que vende los carnets a valores mucho más altos que el legal, también posee ramificaciones en diversos organismos oficiales, según una investigación llevada a cabo por el experto antifraudes Ricardo Tondo.
El especialista denunció que «pagando una cifra más alta que la tarifa oficial se puede conseguir una licencia profesional original sin pasar por los test teórico-prácticos, ni los controles médicos que pasa todo el mundo».
«Estamos ante una estafa de una gravedad inusitada, porque compromete a la seguridad vial e involucra una cadena de complicidades muy grande», advirtió el experto.
«Aquí entran tanto el organizador del circuito como los médicos que dan el OK al test auditivo y visual o el que pone el presente en las planillas de asistencia a los cursos de capacitación»‘, aseguró.
El especialista estimó que «del total de registros profesionales que emite la Dirección General de Licencias porteña, al menos un 10 por ciento es obtenido ilegalmente a través de esta organización mafiosa».
«Lo peligroso de esta banda es que opera desde el interior de la Dirección General de Licencias, vendiendo registros a personas que no están habilitadas para manejar profesionalmente», señaló.
Según la denuncia, las licencias así obtenidas son perfectamente auténticas y utilizables en todo el territorio del país durante el plazo de su vigencia.
«Es decir, una licencia falsa se puede detectar con un control eficiente, una de estas no ya que el fraude no está en el documento en sí sino en el procedimiento para su obtención», dijo.
Tondo explicó a Diario Popular que la investigación le llevó seis años de trabajo y a través de ella pudo recolectar una cantidad importante de pruebas que le permitieron establecer el «modus operandi» de esta organización y la identidad de sus integrantes.
«El contacto es una mujer que actúa con el alias de La Morocha y es la encargada de llevar al interesado hasta la puerta de la Dirección General de Licencias (avenida Roca 5252).
Allí es introducido a un circuito preferencial de la mano de un empleado de la Dirección, que es el jefe de la banda», precisó Tondo.
«No hay psicotécnico, ni prueba de manejo, el oculista ni te ve y el resto pone la firma», sintetizó el experto antifradude, que agregó que en el caso del Curso de Capacitación es el propio empleado o algún colaborador suyo el que da el presente.
«Si el cliente está apurado y no puede esperar los tres días que dura el curso, el carnet lo obtiene igual pero la tarifa se duplica», agregó Tondo.
La organización tiene además «agentes» en otras reparticiones oficiales, lo que permite «aceitar» los trámites cuando así lo requieran las circunstancias.
Según Tondo, la banda opera desde hace más de diez años y reunió un experiencia que le permitió extenderse y diversificar su oferta según el tipo de cliente y la capacidad económica.
«Hay clientes VIP que pagan la tarifa completa, a la que se suma propinas y extras (timbrados y gastos de tramitación)», indicó el especialista. Y para el caso de que el cliente no tenga solvencia hay opciones más económicas.
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