BUENOS AIRES (DyN y NA) — El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, cargó duramente ayer contra el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Guillermo Borger, y lo acusó de intentar «frenar a la justicia» para proteger a Rubén Beraja, extitular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
«El y otros dirigentes asustan a la gente cuando hablan de un tercer atentado. Si alguien dice que van a matar a un señor, yo tengo derecho a preguntarle qué sabe (al respecto)», sostuvo.
«En su desesperación, Borger actuó para que la causa no avance porque un (ex) presidente (de la DAIA) está procesado por encubrimiento», agregó en referencia a Beraja.
Timerman participó el miércoles de un plenario de comisiones del Senado para brindar detalles sobre el acuerdo firmado con Irán para profundizar el esclarecimiento de la causa AMIA.
«Nuestra preocupación como ciudadanos argentinos y víctimas del atentado es velar por la seguridad de este país donde vivimos y viven nuestros hijos. Queremos que sea seguro», se defendió Borger en declaraciones televisivas.
Tras reconocer que habló de la posibilidad de un tercer atentado, tras los asestados a la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), aclaró que sólo fue una posibilidad metafórica y conceptual.
«Lo respeto (a Timerman), pero no lo puedo entender, de la misma manera que no puedo entender el memorando que está desprolijamente redactado. No somos únicamente nosotros; en el Senado tampoco lo entendieron», añadió.
Los diputados nacionales Elisa Carrió, Carlos Comi y Alicia Terada (todos de Coalición Cívica), mientras tanto, presentaron un pedido de juicio político contra Cristina Fernández y el canciller. La razón invocada es mal desempeño de la función.
«El memorando suscripto es nulo constitucionalmente, de nulidad absoluta e insanable. El Poder Ejecutivo, bajo ningún motivo, puede ejercer funciones judiciales y arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas», argumentaron.
«La suscripción del texto no se trata sólo de una decisión de política exterior opinable en el marco del ámbito de oportunidad, mérito y conveniencia sino que muestra un evidente mal desempeño de sus funciones, con graves consecuencias en el caso y proyecciones internacionales negativas para nuestro país», complementaron.
Carrió, Comi y Terada creen que el acuerdo desnuda una «preocupante debilidad» de nuestro país en la defensa de sus posturas y termina garantizando la impunidad de los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel.
«Aun cuando la Cámara de Diputados aprobara el memorando sería inconstitucional porque tendría jerarquía inferior al corpus constitucional de tratados en materia de derechos humanos y esto es lo que deberían plantear los querellantes ante la justicia», señalaron.
«La firma del documento en cuestión causa un grave daño a la Argentina, al convertirla en un país incapaz de sostener seriamente una postura o de mantener una política exterior de Estado, en un tema que la afecta, con la firmeza que la envergadura del caso amerita», concluyeron los representantes de Coalición Cívica.
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