Desde hoy, Alberto Sobrado será juzgado por el Tribunal 1 de La Plata por enriquecimiento ilícito. En 2003 había transferido más de 300.000 dólares a una cuenta en ese paraíso fiscal.
Con tufillo a escándalo y corrupción comienza hoy en el fuero penal de La Plata un singular juicio oral. En el banquillo de los acusados estará el ex jefe de la Policía Bonaerense Alberto Sobrado. La denuncia es de 2003. La causa estuvo a punto de prescribir por el paso del tiempo: más de diez años. Pero en plena feria judicial la Cámara le ordenó al tribunal que inicie el juicio oral sin más dilaciones.
La defensa tiene todavía un as en la manga. La orden de la Cámara sobrevino cuando aún el mismo tribunal había diligenciado prueba pericial. Podría argumentar que se viola el derecho de defensa y el debido proceso legal.
A Sobrado se lo imputaba en esta causa de varios delitos. Pero la mayoría prescribió. El más grave que le endilga es el de enriquecimiento ilícito. Tiene una pena de hasta seis años de prisión.
Al ex n° 1 de la Bonaerense se le imputa que no haya podido justificar el origen de sus bienes con su patrimonio. La causa tuvo varios fiscales. Los primeros detectaron cuentas off shore y depósitos en las islas Caimán, Bahamas y en España.
Sobrado es uno de los veinte altos jefes policiales que fueron investigados en la justicia penal de La Plata por enriquecimiento ilícito. Es el único que llega a juicio. El resto fue sobreseído. El fiscal que los investigó fue ascendido a uno los cargos más altos en la magistratura bonaerense.
La causa de Sobrado, además, estuvo a punto de quedar nula en sus primeras fojas. Fue una llamativa resolución del juez de garantías César Melazo. Ese dictamen fue revertido y se inició una segunda investigación que es la que hoy, diez años después llega a juicio oral.
Hay otro dato que podría resultar aleatorio. O no. El defensor de Sobrado, Roberto Citterio es el padre del secretario que tenía Melazo en su juzgado cuando anuló la causa. Y realizaba tareas de contabilidad en la denominada megacausa del juego clandestino 1707.
Sobrado anteriormente fue defendido por otro abogado, ya fallecido, que en los noventa había asistido a varios policías imputados por gravísimos delitos como los acusados en los emblemáticos casos Bru y Núñez, entre otros.
El tiempo todo lo puede: varios delitos «dados de baja»
Las audiencias del juicio oral estarán a cargo de los jueces del Tribunal en lo Criminal N° 1 (foto) Guillermo Labombarda, Patricia De la Serna y Samuel Saraví Paz, que dispusieron el enjuiciamiento por las figuras de enriquecimiento ilícito y falsificación ideológica de instrumento público.
En la resolución del tribunal informó que se extinguió la acción penal por el transcurso del tiempo para los delitos de “omisión maliciosa de datos y de presentación de la declaración jurada de bienes”, que se le atribuyeran a Sobrado como cometidos durante los años 1999 a 2003, en perjuicio de la administración pública.
Uno de los actos interruptivos de la prescripción es la citación a juicio, que se efectuó el 19 de marzo de 2007; como el juicio nunca se concretó y los delitos prescriben cuando se cumple el tiempo máximo de pena prevista por el Có- digo Penal -que en este caso tienen penas de hasta dos años de prisión-, la acción se extinguió el 19 de marzo de 2009.
Aquella transferencia bancaria a un paraíso fiscal
La fiscal del juicio, Rosalía Sánchez (foto) pidió a la Procuración General de la Suprema Corte, que a través del titular de la Policía Judicial, Jorge Amorín se le preste colaboración durante el juicio para la notificación de testigos.
El caso comenzó a destrabarse recién en marzo de 2012, cuando, el fiscal de Casación, Carlos Altuve, solicitó a la Sala III del Tribunal de Casación Penal que definiera con urgencia una cuestión de competencia, ya que tanto la fiscal Sánchez como la Cámara de Apelaciones habían alertado en varias oportunidades sobre el riesgo de que la causa prescribiera.
El caso estuvo por lo menos cuatro años detenido en Casación en manos de los magistrados Ricardo Borinsky, Daniel Carral y Víctor Violini sin que, según admitió Altuve, haya habido razones para justificarlo.
La investigación se inició en 2003, cuando la revista Veintitrés reveló que Sobrado había hecho una transferencia bancaria no declarada de 333.549,62 dólares hacia un paraíso fiscal en las Bahamas. Entonces, su sueldo era de 4.443,71 pesos.
Omisión maliciosa y falsificación ideológica
El fiscal del caso, Marcelo Martini (foto), elevó la causa a juicio en diciembre de 2006, con Sobrado acusado de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa de presentación de la declaración jurada de bienes, omisión de datos en la declaración jurada y falsificación ideológica de instrumento público. Los peritajes estimaron que el incremento patrimonial no justificado de Sobrado era de entre 532.000 y 970.000 dólares.
En la elevación a juicio, el juez de Garantías Néstor de Aspro entendió que en la causa “se ha podido acreditar” que el ex jefe policial, “luego de ser requerido para explicar el motivo del incremento en su patrimonio durante el ejercicio de sus funciones, no logró justificar la procedencia del mismo”. También se señaló que Sobrado habría omitido efectuar las declaraciones juradas durante 1999, 2001, 2002 y 2003, y que en 2000, en una declaración pasada ante el escribano general de Gobierno, Sobrado habría “omitido maliciosamente consignar las cuentas con depósitos en el exterior del país, por un monto que sería de 532 mil dólares”.
En defensa propia
Antes del juicio, el defensor de Sobrado, presentó documentación para intentar justificar el patrimonio en función de bienes heredados de sus padres, como la propiedad y venta de tres hoteles en la Capital, un autoservicio, una chatarrería, la explotación de un quiosco de diarios, departamentos, inversiones financieras y donaciones hechas por la madre de Sobrado, Celia Gutiérrez.
Sobrado había llegado a jefe máximo de la policía provincial en junio de 2003, un mes más tarde fue pasado a retiro activo obligatorio, en medio de la difusión pública de sus cuentas en las Bahamas. Sobrado respondía al gobernador de la Provincia Felipe Solá.
Fuente: Diario Hoy