La polémica decisión del Gobierno porteño de impedir llamadas a celulares desde escuelas y hospitales quedó en la nada. Porque dos días después de que la noticia saliera a la luz, la Justicia atendió los reclamos de las comunidades escolares y hospitalarias, y determinó el inmediato restablecimiento de las llamadas a móviles.
Así lo informó la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la Capital, quien hizo lugar a un amparo presentado por un vecino. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad también se habían registrado durante las últimas horas una veintena de reclamos de escuelas afectadas por la decisión.
En la misma resolución, la jueza convocó a los ministros Jorge Lemus (Salud) y Néstor Grindetti (Hacienda) para que informen al tribunal sobre el cumplimiento de la medida, bajo apercibimiento de descontarles hasta un 30 por ciento de sus sueldos.
Lo llamativo fue que, ayer mismo, el Gobierno porteño emitió un breve comunicado en el que informaba que daba marcha atrás con la medida tras “superar los problemas técnicos que se produjeron”. Y eso que el miércoles desde el Gobierno habían denunciado que la medida era impulsada para rebajar los gastos que ocasionan las comunicaciones con celulares.
La decisión, que afectó tanto a escuelas primarias como secundarias públicas porteñas, había sido tomada por el Ministerio de Hacienda, que conduce Néstor Grindetti. Es más, en un principio, fuentes del Gobierno porteño relativizaron el bloqueo denunciado. Admitieron la intención de implementar un proceso de “ordenamiento y regulación” y explicaron que “habrá una central telefónica en cada institución que podrá hacer la comunicación, para que el número quede registrado y evitar así llamadas personales”. Ahora, ya no será necesario.
Fuente: La Razón