Empresarios y sindicalistas vinculados al rubro conforman una mesa de enlace. El objetivo es que se reactiven las obras que el 21 de diciembre se frenaron en la planta. Planteo al Ejecutivo localJavier Cusimano
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La parálisis que atraviesa el proyecto minero Potasio Río Colorado desde el 21 de diciembre de 2012 hasta la fecha alcanzó ayer su punto más alto de incertidumbre y malestar entre empresarios y sindicalistas. Por eso ambos sectores autoconvocados se reunieron para anunciar en conferencia de prensa que es intención de todos los involucrados acercarle al Gobierno provincial la necesidad de que se discuta el conflicto en profundidad y que por intermedio del poder del Estado se encuentre en lo inmediato alguna solución.
Los voceros reunidos para la ocasión fueron Carlos Ferrer, titular de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casemmza); Fernando Anaya, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), y Juan Carlos Ortiz, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), con el apoyo de otros organismos relacionados con la minería y la construcción.
La idea del encuentro fue crear una mesa de enlace y solicitarle al gobernador Paco Pérez un estado de “emergencia minera”. Esta mesa cumpliría el rol de darle mayor participación y protagonismo a otros actores y ayudar a los responsables provinciales y nacionales a que la situación actual de la empresa brasileña Vale no ponga en conflicto la continuidad de un proyecto de tanta envergadura e importancia para Mendoza.
Tal como quedó diagnosticado en el escenario que describió Carlos Ferrer la perspectiva de que se reactive la obra es muy lejana. La falta de inversión y las distintas trabas coyunturales del país han hecho que se obstruya el camino para darle continuidad a la obra. Sin embargo habrá que esperar hasta el lunes para ver cómo sigue todo. Ese día es el plazo jurídico que le otorgó el Gobierno a la empresa para que regularice y reactive los acuerdos pactados de antemano.
Los problemas más acuciantes
Uno de los mayores dolores de cabeza de la paralización del proyecto minero en Malargue es la cantidad de tiempo y dinero invertidos y la incertidumbre de que la obra continúe su ritmo. Muchos millones llevan gastados las más de 40 empresas mendocinas que apostaron al sueño minero. Los distintos conflictos y estos dos meses sin avances han atrasado la inauguración 2 años. La minera había proyectado terminar su infraestructura para 2015 pero sólo lleva construido el 18 por ciento del total.
Cerca de 4.000 trabajadores directos y unos 5.000 puestos indirectos – contratistas y subcontratistas– ven resentidas sus posibilidades y conviven con el peligro de quedarse en la calle. La ansiedad se multiplica si se tiene en cuenta que en diciembre no se les renovó el contrato a 50 obreros y que 150 personas más que esperaban ingresar en enero aún no reciben noticia sobre su futuro en la empresa.
La gran pregunta que se hace más de uno a esta altura es quién será el encargado de compensar los innumerables daños económicos que ya se están ocasionando en más de una de las compañías tercerizadas.
“En este momento estamos totalmente indefensos en una gran sala de espera e intranquilos sobre el futuro. Nosotros somos los que sufrimos el impacto directo. Actualmente tenemos empresas al borde de la quiebra”, apuntaron desde la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza.
Otro de los reclamos que incluirán en un petitorio al Gobierno los distintos sectores es que se avance de algún modo en un escenario predecible, porque no se puede planificar, presupuestar y planear proyecciones de ningún tipo. La incertidumbre de la obra se traslada directamente a los bancos, que son los que aprueban y desaprueban carpetas de inversión y financiamiento. “Estamos conteniendo muchas presiones para que el conflicto no arruine la Vendimia”, manifestó Carlos Ferrer.
Tranquilidad a los trabajadores
Desde la UOCRA señalaron que tienen reuniones fluidas con el Ejecutivo y que no solucionarían el problema tiñendo la fiesta popular de los mendocinos. Apoyan la necesidad de una solución y también de la creación de la mesa de enlace. Para tranquilidad de los 4.290 trabajadores actualmente contratados, si bien están paralizados los empleos el sindicato ha logrado que se sigan pagando los jornales hasta que se reanude la ejecución del proyecto.
Mientras, desde AOMA analizan reunirse con el diputado Dante González para que gestiona una mediación con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y citarlo a intervenir en las dificultades que atraviesa la minería en la provincia mientras se esperan inversiones.
La concesión podría caducar este lunes
El gigante minero Vale, cuestionado por el Gobierno en reiteradas ocasiones por el incumplimiento del “compre mendocino”, quedó en el ojo de la tormenta nuevamente luego de que el 21 de diciembre paralizara las obras en el Sur mendocino. Desde Vale habían argumentado a través del vocero Sebastián Parigi que las fluctuaciones de los precios en el mercado del hierro son las que cortaron la continuación del proyecto y los obligaron a hacer un replanteo. La compañía había informado que después del receso por las fiestas de fin de año el proyecto estaría detenida indefinidamente.
Apenas conocida la noticia el Gobierno salió al cruce “para resguardar las fuentes laborales de los trabajadores, las empresas contratistas, subcontratistas y prestadoras de servicio involucrados en el proyecto y dar cumplimiento a la protección de los recursos minerales que son patrimonio provincial”, indicó a través de un comunicado de prensa distribuido por el Ministerio de Infraestructura días después del comunicado brasileño.
En la pieza administrativa del ministerio se recuerda que Potasio Río Colorado SA comunicó a la Dirección de Minería provincial, el 15 de enero último, que “el proyecto se encuentra sin actividad por el receso estival desde el 22 de diciembre del pasado año hasta el 21 de enero del corriente”. Tres días más tarde, la representante de la empresa Vale, Cristina Baigorria, informó mediante un correo electrónico que “continuará el receso en el Proyecto Río Colorado hasta nuevo aviso”.
Fue entonces cuando Carlos Molina, director de Minería de Mendoza, firmó la resolución oficial 13/13 que intimó a Vale a reanudar la obra en un plazo que se cumple este lunes. De no llevarse adelante el proyecto el Estado se encargaría de ejecutar las sanciones correspondientes, que en el peor de los casos podría hacerle perder la concesión a la firma brasileña.
La autoridad minera invocó el artículo 226 del Código de Minería provincial, que establece que “es denunciable una concesión aunque haya pasado a poder de terceros, por abandono cuando los dueños por un acto directo y espontáneo manifiesten a la autoridad la resolución de no continuar los trabajos”.
Para destrabar el conflicto el gobernador Francisco Pérez trató la suspensión de las actividades con las presidentas Cristina Fernández y Dilma Rousseff, de Brasil, durante el encuentro en Santiago de Chile en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea.
Los números que mueve el rubro
Inversión. U$S5.900 millones cuesta el proyecto en Malargüe
Impuestos. Por cada U$S100 que se extraigan, el 54% irá a parar a la Nación y Mendoza recibirá el 0,5% en concepto de Ingresos Brutos y el 3% como regalías mineras.
9.000 son, en total, los puestos de trabajo directos e indirectos que el proyecto minero aporta.
18 % es el avance que actualmente alcanzó la ejecución de la instalación en Malargüe.
40 son las empresas contratistas y subcontratistas mendocinas que participan en ese plan minero.
Fuente: www.diariouno.com.ar