El fiscal general Diego Nicholson acusa a la titular de las Madres de Plaza de Mayo de amenazar a los jueces de la Corte en el acto de la semana pasada. Además, pidió que se establezca una cuestodia especial en el Palacio de Justicia.
La denuncia realizada por Nicholson recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos. En su presentación, el fiscal resaltó que «no se puede pasar por alto el silencio que altos funcionarios han guardado» sobre los dichos de Hebe de Bonafini y que el Gobierno nacional «no ha hecho referencia alguna, ni siquiera un llamado de atención», informó el diario La Nación.
La semana pasada, Bonafini realizó una manifestación frente al Palacio de Tribunales en rechazo a las decisiones por la Ley de Medios. Allí amenazó con «entrar» a Tribunales para obligar a los jueces de la Corte a «ponerse las pelotas». Al día siguiente prometió iniciar su serie de revelaciones sobre los jueces de la Corte, para que todos «sepan quién es» cada uno de ellos.
Tras aclarar que no hablaba de complicidad, el fiscal dijo que Bonafini «debe haberse sentido protegida y en suposición desafiante fortalecida», pues salvo diputados y senadores «nadie del Poder Ejecutivo ha tenido la prudencia de llamar a la mesura, e incluso de exigirle un comportamiento totalmente opuesto». El denunciante pidió que se habilite la feria judicial para que la causa sea tramitada aún durante las vacaciones de verano.
Como medida preventiva, el fiscal Nicholson sugirió también que el juez Ramos, si es que la denuncia tiene impulso fiscal, libre oficio al Poder Ejecutivo Nacional para que «se ordene a la Policía Federal la afectación del personal policial numéricamente necesario, para custodiar con eficacia cada uno de los accesos al Palacio de Justicia» ante posibles desmanes.
En su escrito, Nicholson señaló que la exigencia de Hebe de que la Justicia falle según lo quiere el Gobierno es «insólita» e «ilícita», y que las palabras son «insultantes y despreciativas para la investidura de los magistrados».
Para el denunciante «no se necesita mayor inteligencia para darse cuenta que ha sido otra manera de presionar, sin escrúpulo alguno a los mencionados magistrados, pues no debiera descartarse que se dieran a conocer circunstancias de la exclusiva vida personal de los magistrados -falsas o no-, pero en todo caso sin interés para la comunidad».
El fiscal entendió que Bonafini cometió el delito de amenazas coactivas agravadas, pues «sin dudas fueron hechas persiguiendo la obtención o concesión de una medida por parte de los integrantes del más alto tribunal de justicia del país, que es propia del ejercicio de sus funciones». La ley castiga a los autores, cómplices o instigadores de esta conducta a la pena de cinco a diez años de prisión.
«No es la primera vez que esta mujer se expresa de manera pública con amenazas y ya se ha probado que es capaz de realizarlas, de modo que el dolo requerido por la ley seguramente no podrá ser cuestionado con éxito», escribió.
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