Organizaciones sociales, legisladores y ONG condenaron el violento procedimiento que dejó tres muertos -un policía y dos integrantes de la comunidad toba- en confusos episodios cerca de la localidad de Laguna Blanca. Los aborígenes se mantienen al costado de la ruta y reclaman un predio de 600 hectáreas. El gobernador formoseño Insfrán defendió la actuación de la policía y el juez Santos Gabriel Garzón, a cargo de la investigación, aseguró que prefiere «ir despacio para aclarar bien lo que sucedió».
La represión policial durante el desalojo de un grupo de aborígenes de la comunidad toba La Primavera de un predio provocó numerosos heridos que fueron asistidos en el Hospital de Laguna Blanca, de los cuales 3 permanecen internados, y 29 detenidos.
Según fuentes del hospital de Formosa, hay un toba internado en estado de coma, Samuel Garcete (50), con heridas en la cabeza y en las piernas, y un oficial de policía, Leonardo Bence, con un puntazo que le atravesó el torax.
«Acá hay homicidios cuyos autores habrá que determinar”, dijo escuetamente el juez de Instrucción de Clorinda, Santos Gabriel Garzón, acerca de las diferentes versiones que circulan sobre los hechos. El juez recorrió la zona acompañado por la fiscal de la causa y efectivos de Gendarmería y manifestó que hay entre 28 y 29 indígenas detenidos, cuya excarcelación fue solicitada por abogados.
Sin embargo, la Defensoría General de la Nación aseguró en un comunicado que los graves actos de violencia habrían arrojado «cerca de 5 muertes, numerosos heridos de gravedad, aproximadamente 35 personas detenidas y la destrucción total de las viviendas de las familias indígenas».
Muchas personas de la comunidad, indicaron dirigentes y legisladores, permanecen refugiadas en una zona de monte cercana a Colonia La Primavera, donde también ocurrió el desalojo.
En tanto, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, defendió la represión policial en el desalojo. «Los policías y personal judicial fueron agredidos al llegar al campo de los Celía y ahí en la retirada del lugar un efectivo pierde un arma que es tomada por los aborígenes», sostuvo el funcionario.
En Buenos Aires, organizaciones indígenas entregaron un petitorio en la Casa de Formosa reclamando el esclarecimiento de lo sucedido y conocer el paradero del cacique Félix Díaz, refugiado en el monte, en tanto Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980, y Amnistía Internacional repudiaron la represión a los tobas.
El comunicado de Amnistía Internacional recuerda que «el derecho de los Pueblos Indígenas a sus tierras está amparado no solo por las compromisos internacionales que el Estado Nacional ha asumido, sino también por la Constitución Nacional, y otras leyes nacionales, entre ellas la Ley Nacional 26.160 que declara emergencia de las tierras y prohíbe los desalojos hasta que se haga el relevamiento de comunidades para la otorgación de los títulos de propiedad de las tierras ancestrales a las comunidades indígenas».
Fuente: TN