Confirmaron un sobreseimiento por la muerte de cinco personas en 2001.
a Cámara de Casación, máximo tribunal penal, confirmó ayer el cierre de la causa contra el ex presidente Fernando de la Rúa por la muerte de cinco personas durante los hechos de violencia del 20 de diciembre de 2001, el día que cayó su gobierno.
De la Rúa había sido sobreseído en primera y segunda instancia, pero el fiscal de Casación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) llevaron el caso al tribunal para que revisara esa decisión. Ayer, la Casación, con los votos de Raúl Madueño, Luis Cabral y Eduardo Riggi, decidió «no hacer lugar» a los recursos y confirmó el sobreseimiento.
Los camaristas entendieron que De la Rúa había declarado el estado de sitio con arreglo a «la ley suprema y los pactos internacionales» incorporados por la Constitución nacional y que en la causa se tuvo por probado que «desconocía los supuestos excesos en los que habrían incurrido sus inferiores durante el estado de sitio».
Según la Cámara de Casación, el 20 de diciembre De la Rúa «no contaba con la información instantánea, directa y pormenorizada de lo que ocurría, con capacidad de generar en lo inmediato un curso de acción diverso».
Eran otros los funcionarios, advierte la Casación, «que en principio ejercían el control operativo de la represión policial».
Se trata, según el fallo que ayer confirmó esta cámara, del ex subsecretario de Seguridad Enrique Mathov y del ex ministro del Interior Ramón Mestre (ya fallecido). «Por su especial posición, ellos tenían en principio la obligación de intervenir ante los excesos de la fuerza policial jerárquicamente bajo su responsabilidad», había afirmado la Cámara de Apelaciones, en un fallo en el que advirtió, además, que «no resulta prudente extender indefinidamente la cadena de responsabilidades, avanzando sin limitación de ninguna naturaleza en las estructuras jerárquicas».
Hace dos semanas el CELS había pedido que De la Rúa fuera procesado por los crímenes de Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto. Sostuvo que, como presidente de la Nación, tenía el deber de controlar las consecuencias del estado de sitio que había implementado. La principal acusación en su contra fue haber dictado ese estado de sitio el 19 de diciembre y no haber tomado luego las medidas necesarias para evitar una represión violenta.
De la Rúa quedó ayer sobreseído, pero la responsabilidad por esos cinco crímenes del 20 de diciembre se seguirá investigando en el juicio oral que enfrentarán Mathov, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y otros seis acusados que integraban esa fuerza..
Fuente: LA NACION