La ex ministro de Economía da su alegato antes de conocer la sentencia en la causa por el efectivo que se encontró en el baño de su despacho en 2007.
La ex ministra de Economía Felisa Miceli reiteró su inocencia en el juicio que se le sigue por el hallazgo de una bolsa de dinero en su despacho del Ministerio en 2007, a minutos de que los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de a conocer la sentencia.
Al pronunciar las últimas palabras ante los magistrados, Miceli sostuvo que quedó «demostrado uno a uno que todo lo que yo decía era verdad, que me habían prestado el dinero, mi amiga lo ratificó y mi hermano no pudo porque falleció».
«Yo llevé ese dinero prestado al Ministerio, lo dejé en un lugar privado porque no podía ir al bancoy al día siguiente me encontré con este tema», recordó la ex funcionaria y destacó: «Mi preocupación era que estuviese todo el dinero para que yo pudiera devolverlo».
Asimismo, remarcó que siempre fue la primera interesada en que se escalerciera el hecho.
«También quedó demostrado que no tuve nada que ver con ninguna entidad financiera, por qué habría yo de encubrir un delito de gente que no conozco, no hay ni una prueba contundente que me vincule con esa empresa», señaló Miceli.
La ex funcionaria sostuvo: «La úna realidad es lo que fui diciendo, contando, hablando, no hubo otra verdad».
«Eset juicio, que nunca tendría que haber existido, los fiscales mismos dijeron que no había ningún perjuicio para la sociedad, no hay ningún reproche por ninguna acción en ese sentido, eso me tranquiliza, me alivia más allá del resultado de la sentencia», concluyó la ex titular del Palacio de Hacienda.
Miceli arribó alrededor de las 10 a Comodoro Py sin hacer declaraciones a la prensa.
En el juicio, que comenzó a fines de octubre, se intenó conocer el orginel de los cien mil pesos y los 31.670 dólares quefueron encontrados el 5 de junio de 2007 dentro de una bolsa de papel madera que estaba colgada de una percha en el placard del baño de la entonces ministra.
Miceli, por su parte, aseguró que el dinero fue un préstamo que le hicieron a ella en forma personal y remarcó que el allanamiento que se hizo en su despacho fue ilegal.
Por tal motivo, la defensa de la ex funcionaria pidió la absolución, mientras que los fiscales Guillermo Marijuán y Fernando Arrigo pidieron una condena de cuatro años por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público, además de la inhabilitación por 8 años para ejercer cargos públicos.
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