La Legislatura sancionó la ley por la que Mauricio Macri administrará los subtes a partir de enero. El PRO consiguió los votos del interbloque K luego de ceder con el impuesto a las naftas y proponer otro tipo de financiamiento, que estipula otras tasas y más endeudamiento. La sesión estuvo a punto de caerse cerca de la medianoche por presión de los metrodelegados. También votaron a favor los radicales y los aliados del oficialismo.
El macrismo y el kirchnerismo llegaron a un acuerdo que estuvo a punto de caerse varias veces durante las últimas 48 horas y juntaron más de 40 votos para sancionar la ley que traspasa el subte a la Ciudad. .
Luego de las 3 de la mañana, más de 16 horas después de la hora en la que estaba anunciada la sesión originariamiente, la Legislatura aprobó la ley en general con 46 votos a favor (26 del PRO, 14 del intebloque K y 3 aliados, dos radicales y el sindicalista Claudio Palmeyro) y 12 en contra. La votación de los artículos en particular terminó a las 4:30.
El gobierno de Mauricio Macri tomará el control del servicio a partir de enero. Para mañana se convocó una nueva sesión extraordinaria en la que se incluyó un temario de 22 proyectos.
Este medio explicó que para conseguir los votos kirchneristas, el PRO debió ceder en dos cuestiones que trababan las negociaciones. Por un lado, quitó el impuesto a las naftas, que era resistido por el kirchnerismo a tal punto que el Gobierno nacional le inició juicio al gobernador cordobés José Manuel De la Sota por haber aprobado una iniciativa similar. El PRO resistía por la propia presión de Mauricio Macri, que no quería recibir el subte sin financiamiento y esperaba recaudar 350 millones de pesos aumentando 40 centavos por litro de nafta.
En lugar de eso, se consensuó un aumento al impuesto a los sellos, que grava todas las operaciones que se realizan a través de contratos. Este impuesto subirá de 0,8% por ciento por contrato a 1%. La alícuota a operaciones financieras aumentará de 1 al 1,2%. La alícuota a operaciones inmobiliarias de 2,5 al 3,6%.
Además el proyecto incluyó un impuesto a las patentes de los autos de alta gama y una suba en los peajes de la Ciudad.
La Política Online anticipó en exclusiva que el proyecto incluyó un nuevo bono de 300 millones de dólares. Para esto la Legislatura amplió el Programa de Financiamiento en el Mercado Local creado por Ley Nº 4.315, por el que el gobierno porteño ya colocó un bono de 100 millones de dólares para obras viales y otro de 85 millones de dólares que colocó hoy para amortización de deuda. Ambas colocaciones se realizaron en Puente Hermanos, de Federico Tomasevich.
Ritondo negocia con el metrodelegado Segovia esta madrugada, en plena sesión.
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Urgencias
El otro foco de conflicto que debió resolver el PRO fue el gremial. Tanto la oposición como los metrodelegados se oponían con firmeza a que el servicio del subte fuera calificado de «esencial», lo que consideraban una maniobra del PRO para limitar el derecho a huelga.
Luego de una infinidad de idas y vueltas y varias reuniones con los metrodelegados que estuvieron en la Legislatura durante todo el día, finalmente el subte fue declarado sólo como «servicio público».
Pero la cuestión no quedó dirimida con sólo ese punto. Es que en el borrador que el PRO intentó llevar el recinto cerca de las 21, incluyó un artículo para garantizar guardias mínimas del 60 por ciento en los días de huelga que casi hace caer la sesión. Los metrodelegados se oponían a ese artículo y el kirchnerismo advirtió que no votaría la ley si los gremialistas no estaban de acuerdo. De hecho, como anticipó LPO un día antes, la sesión de ayer estuvo a punto de caerse por la fuerte presión de los Metrodelegados a la Casa Rosada, que obligaron al bloque kirchnerista a amenazar con no votar la ley sino se aceptaban las demandas de los sindicalistas.
La situación se tornó crítica por momentos por la resistencia del propio Macri, que les exigió a sus legisladores que dejaran el artículo tal cual estaba y que el porcentaje de las guardias mínimas a garantizar no bajara del 60 por ciento.
Pasada la medianoche el PRO volvió a ceder y modificó ese artículo, que quedó redactado de la siguiente manera: «En caso de conflictos colectivos de trabajo que deriven en huelga del personal o de cualquier otro tipo de reclamo colectivo que afecte la prestación del servicio, el prestador deberá brindar servicios mínimos, los cuales, serán determinados en el contrato de concesión, cuya modalidad y condiciones serán acordadas entre las partes. Las organizaciones gremiales o sindicales, deberán comunicar las medidas de protesta a adoptar, con tres días de antelación al evento».
Por otro lado, el PRO consiguió que el servicio sea declarado en emergencia por 2 años con la posibilidad de prorrogar ese período por otro año más. De esta manera, Macri tendrá la facultad de realizar contrataciones directas y fijar las tarifas con una audiencia pública de por medio.
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