El bloque eruopeo y Washington presentaron contradenuncias contra nuestro país ante la OMC tras la queja de la Cancillería por las trabas a las importaciones argentinas. La autoridad diplomática calificó de «intempestivas» las reacciones.
El Gobierno consideró «intempestivas» y «obviamente coordinadas» las denuncias realizadas ante la OMC en conjunto por la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y México que pretenden «distraer a la opinión pública» con una «acción generalista».
A través de un comunicado de la Cancillería, el Gobierno argentino expresó que «lamenta las intempestivas, pero obviamente coordinadas, denuncias hechas contra nuestro país en la Organización Mundial del Comercio» (OMC).
El escrito difundido esta tarde considera que la presentación conjunta de la UE, Estados Unidos, Japón y México «son la mejor evidencia de que ante demandas específicas realizadas por nuestro país responden con una acción generalista que busca distraer a la opinión pública en lugar de resolver las barreras comerciales que sufren los productos argentinos».
Ayer, la Argentina presentó ante la OMC una denuncia contra los Estados Unidos por impedir el ingreso de carnes y limones frescos a su mercado, y otra contra la Unión Europea (UE) y España, por restricciones a las importaciones de biodiesel argentino.
Algunas de las restricciones de acceso que denunció el Gobierno ante la OMC «llevan más de una década en vigencia».
El comunicado de la Cancillería también hace referencia a los dichos difundidos hoy del vocero comercial de la Comisión Europea, John Clancy, según los cuales la legislación española que afecta la exportación argentina de biodiesel a España habría sido derogada.
En respuesta, la Cancillería argentina señaló que «su decisión de presentar una solicitud de establecimiento de un panel en la OMC no es ni redundante ni injustificada» y cuestionó que «la Comisión Europea pretende desconocer los contenidos de la normativa de uno de sus Estados Parte con el afán de obtener un rápido resultado mediático».
La afirmación del vocero de la Comisión en el sentido de que España ya abandonó en octubre el procedimiento legislativo que es el foco de la queja de Buenos Aires «no está sustentada por la información de la que dispone la Argentina y la que publica el Gobierno de España», afirmó el pronunciamiento argentino.
«Es lamentable que ante una denuncia técnica específica efectuada por la Argentina ante la OMC, y en medio del litigio, la Comisión Europea, en lugar de trabajar para la resolución de la disputa, haya optado por emitir acusaciones vagas y generales con el evidente propósito de ganar espacio en los titulares de los diarios, evitando circunscribirse al caso en cuestión», enfatizó.
En octubre, España introdujo una modificación parcial a la legislación sobre biodiesel contemplada en la Orden Ministerial 822, que es la norma cuestionada por Argentina.
Sin embargo, la Argentina entendió que «lo limitado de la modificación no alcanza para que la norma española resulte compatible con las obligaciones de España y la UE en la OMC».
Para el país, «la norma española cuestionada continúa vigente tal como señala la nueva Orden de octubre, que reconoce tanto dicha vigencia como su carácter normativo, tendiente a excluir del mercado español al biodiesel argentino y fomentar la industria de los biocarburantes en España».
Como ejemplo de la vigencia de la disposición, la Cancillería citó la página de la Comisión Nacional de Energía (www.cne.es) en la que se puede comprobar que la norma objetada por Argentina continúa vigente.
La medida española de restricción al biodiesel argentino fue adoptada en abril tras la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de avanzar en la nacionalización de la petrolera YPF, mediante la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la española Repsol.
Tras esa decisión aprobada por el Congreso nacional, el gobierno de Mariano Rajoy dispuso la creación de un registro de proveedores locales y regionales con el argumento de favorecer a las empresas localizadas en Europa frente otros países.
En octubre, el gobierno español debió dejar sin efecto la implementación de la norma al postergar la conformación del registro, lo que en la práctica significó abrir la posibilidad de los importadores locales de volver a contar con el biodiesel argentino, pero que en lo formal no significaba la derogación de la norma.
Fuente: http://www.losandes.com.ar/notas/