En la sesión ordinaria de ayer, la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja aprobó el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo por el cual se declaró el estado de emergencia en la prestación de los servicios de generación, transporte y distribución de energía. La Legislatura le dio amplias facultades al gobierno riojano para regular, normalizar y mejorar el servicio.
Ante la «gran desinversión» detectada por parte de la empresa privada concesionaria, Edelar S.A., del grupo Vila Manzano, los usuarios deberán pagar un porcentaje de sus consumos para hacer obras.
Sergio Casas, vicegobernador, dijo ayer que la emergencia «es una cuestión muy necesaria. Todos sabemos cómo es la situación con la empresa Edelar, que no hizo las inversiones que debía». Como en varios contextos, el Estado debe tomar intervención en ello, para garantizar el servicio a los usuarios».
Reconoció, sin embargo, que la norma «no significa una solución inmediata para la gente, pero sí nos abre una esperanza para que en el menor tiempo posible la provincia realice las inversiones necesarias y garantice un buen servicio a los riojanos».
En el mismo sentido, el presidente del mayoritario bloque justicialista, Mario Guzmán Soria, advirtió que «los apagones y los cortes son ahora; pero las soluciones pueden llevarnos años y mucha inversión de por medio». Y abundó: «Esta decisión se da por el fracaso a un esquema privatizador que se dio en otra época», en alusión a la década del ’90 y el menemismo, del cual el gobierno local formó parte. Oscar Chamía, diputado oficialista, anunció que la ley crea una comisión legislativa que controlará el proceso.
Dijo que Edelar «no vino acompañando conforme al contrato de concesión el desarrollo (provincial) y en vez de invertir, desinvirtieron en la provincia y endeudaron la empresa».
Chamía anunció además que se crea un fondo de 400 millones de pesos «que va a formar parte de un esfuerzo importante del fondo FEDEI, de créditos, y alguna especie de aumento, no a la tarifa, sino al consumo, para que a los que menos tienen no les llegue el impacto».
Juan Amado y Guillermo Galván, los dos representantes radicales presentes en la sesión, apoyaron la iniciativa en general pero pidieron, sin éxito, que no sea el Ejecutivo el que rescinda el contrato de concesión e hicieron observaciones acerca del fondo.
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