Sebastián Pantano mató a sangre fría al joven estudiante de cine en un asalto en 2011. Sentenciado a prisión perpetua, su abogado alegará en la audiencia que el crimen no fue intencional. Existe temor de que obtenga indulgencia o impunidad
El vía crucis de los familiares de las víctimas del delito en la Argentina no termina con una condena de primera instancia. Como lo demuestra el caso de Kevin Sedano, por el cual su madre, Vivian Perrone, envió ayer una carta abierta declarándose derrotada en su propósito de probar que en la Argentina existe la Justicia, una sentencia ejemplar es sólo una victoria aparente que rápidamente puede ser dada vuelta merced a los interminables vericuetos legales a los que pueden recurrir los abogados y, más aún, al aire garantista que se respira en los tribunales argentinos en los últimos años.
Con frecuencia cada vez más alarmante se da el caso de que jueces garantistas o directamente abolicionistas interpretan sistemáticamente la ley en el sentido más benéfico para ladrones, violadores y asesinos.
Ezequiel Agrest, hijo de Gustavo y de la filósofa Diana Cohen Agrest, tenía casi la misma edad que su asesino (25 años) cuando el 8 de julio de 2011 fue a la casa de una compañera en el barrio de Caballito. Iban a grabar un corto, pero mientras estaban bajando los equipos en la vereda fueron sorprendidos por un delincuente que los encañonó con un arma y los obligó a subir al primer piso de la vivienda ubicada en el pasaje Bertres. Allí sorprendió también al hermano de la muchacha. Robó 300 pesos y 100 dólares, pero no conforme con eso, llevó a los tres jóvenes al dormitorio de los padres, donde los hizo acostar en el piso boca abajo y los ató con corbatas.
«Empezó a forcejear con mi hijo, lo puso de rodillas y le pegó dos tiros. Erró el primero pero el segundo disparo fue mortal», contó su padre, Gustavo Agrest, en una entrevista con Infobae. «En ese momento, los hermanos aprovecharon para huir y el homicida los persiguió con el arma para matarlos. Las víctimas iban a ser tres», sostuvo.
En su huida, el asesino olvidó en el lugar una mochila con un teléfono celular y un currículum vitae falso, que utilizan los delincuentes para justificarse ante la policía mientras están merodeando.
En mayo pasado, Sebastián Pantano fue sentenciado a cadena perpetua en la segunda audiencia del juicio. La familia de Ezequiel Agrest no esperaba menos. Pero también querían ir contra los jueces que habían permitido que Pantano estuviese en libertad. «Investigando supimos que ya había tenido dos condenas por robo y había estado preso, dijo su padre. La segunda vez fue liberado por un juez de La Plata y estamos averiguando por qué. Su última causa fue un robo a mano armada».
En concreto, Pantano había sido procesado en mayo del 2004 por robo agravado por uso de armas y por la participación de más de dos personas. No tuvo prisión preventiva. En 2005 fue procesado nuevamente, esta vez por encubrimiento agravado, un cargo que permite la excarcelación, y en febrero de 2010 fue nuevamente condenado a 4 años y 6 meses.
Tampoco entonces fue a prisión. El 8 de julio de 2011 mató a Ezequiel.
En el juicio, Pantano pidió perdón a la familia, dijo que los dos disparos que recibió Ezequiel fueron “sin querer”.
Ya en el primer juicio, la defensa pidió que la calificación del delito fuese de “homicidio en ocasión de robo”, que tiene una pena de 10 a 25 años, aduciendo que la muerte se produjo cuando forcejeaba con la víctima. Ahora, el defensor volverá a presentar ese argumento que le permitiría obtener una reducción de la condena. El abogado de oficio recurrió la sentencia alegando que no se trató de un criminis causae, como lo consideró el tribunal que lo condenó, es decir el homicidio que se comete para ocultar otro delito y para el cual el código penal establece prisión perpetua.
“Tiene que haber una justicia que condene en serio y no esta cosa ‘zaffaroniana’ que nos va dejando a todos en lista de espera”, reclamaba Agrest, en referencia al juez de la Suprema Corte Raúl Zaffaroni y sus conocidas posiciones abolicionistas en materia penitenciaria.
Ahora, existe temor en el entorno de la familia de Ezequiel de que los jueces que deben decidir hoy sobre la apelación – Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa- lo hagan siguiendo ese criterio. La audiencia está fijada para hoy a las 12 horas en los tribunales de Comodoro Py.
De suceder esto, el de Ezequiel Agrest no sólo sería otro crimen impune sino uno más de la larga lista de casos en que una sentencia ejemplar se ve luego tergiversada por chicanas jurídicas a repetición, tal como lo denuncia la ahora ex presidente de la asociación Madres del dolor.
Fuente: Infobae