Según información que accedió este medio, habría una posible protesta de Gendarmes en principio , ya que se «dieron de baja» 6100 cautelares, lo que implica la caída del salario del orden 2.000 a 3.000 pesos o mas según la cautelar y el sueldo antigüedad etc.
Cuando se entere el grueso de la Gendarmería podría haber un nuevo acuartelamiento. Lo cual podría ocurrir cuando en el día de mañana le depositen los haberes y vean los descuentos al sueldo al intentar retirarlos por cajeros.
Fuentes oficiales de Prensa de Gendarmería no respondieron ante esta consulta por no corresponder al sector («) para brindar esa información respecto a las cautelares .
ECHAN A GENDARME
30 /11/2012 «Hace 15 minutos (10.45) recibí la notificación de que fui dado de baja de la fuerza. Ahora me estoy dirigiendo al edificio Centinela para firmarla»,.
«Una vez que me pasaron a disponibilidad sabía que esto podía pasar, porque hay órdenes del ministerio para extirparnos de la fuerza», señaló el hombre que fue una de las caras más visibles de la protesta salarial.
Maza anunció que está en marcha la organización de una movilización para protestar por esta medida oficial: «Este domingo 2 de diciembre, a las 17, vamos a ir a la Plaza de Mayo. Convocamos a toda la sociedad a sumarse a los familiares de gendarmes, policías y fuerzas armadas».
«Esto va a generar mayor malestar. Toman esta medida para que nadie vuelva a protestar, justo cuando van a pagar sueldos de hambre», dijo Maza sobre su futuro.
Finalmente, el ahora ex gendarme contó que accionará judicialmente ante una «medida totalmente arbitraria».
LAS CAUTELARES Y LA PRESION DEL GOBIERNO NACIONAL
El jurado de enjuiciamiento de Corrientes destituyó hoy al juez Civil y Comercial de Santo Tomé Humberto De Biase Echeverría por «mal desempeño de sus funciones». De Biase fue removido de su cargo por el voto de la mayoría de los integrantes del Jury de enjuiciamiento, ya que la única que lo hizo en forma negativa fue la diputada provincial Nora Nazar, esposa del ex gobernador correntino Raúl «Tato» Romero Feris.
El gobierno nacional había denunciado una «asociación ilícita» entre jefes de las fuerzas de seguridad, abogados y jueces, causa de la posterior aplicación del decreto 1307 que luego trajo las protestas del sector. Hoy ese argumento tiene sustento al confirmarse que este magistrado otorgó 17.060 medidas cautelares durante diciembre de 2010 en beneficio de efectivos de Gendarmería y Prefectura que habían reclamado reajustes salariales desde el año 2009.
Según informó DYN De Biase fue destituido de su rol de juez y suspendido por lapso de tres meses en la función pública por el voto de seis de los siete miembros del Jurado de Enjuiciamiento. El Jury estuvo presidido por Alejandro Chaín e integrado por el fiscal general Sotelo; el vicedecano de la facultad de Derecho de la UNNE, Jorge Buompadre; el representante del Colegio de Magistrados, Eduardo Panseri, el representante del Colegio de Abogados, Daniel Ojeda, el senador Vicente Picó, el diputado Jorge Quintana, y la diputada Nora Nazar.
El fiscal general de Corrientes, César Sotelo, dijo que De Biase habría incurrió en un «forum shopping», debido a «la manipulación de sistemas legales y reglamentarios de organización de tribunales para permitir sentencias favorables en el caso». El doctor inició 61 demandas contra el Estado Nacional. No solo «haciendo caso omiso a las normativas que establecían su competencia provincial», sino que «sumó las cuatro del 2010 que, según un informe de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, implicaban 17.060 actores».
El fiscal general sostuvo que esas causas poseían una naturaleza «corporativa» y ello quedaba comprobado en el carácter itinerante de los actores, conformando «un impresionante fórum shopping Made in Corrientes, efectivizado con la complicidad del matrimonio Nelson Serial y Josefa Milán». «Existió un ‘forum shopping’ que atendió infinidad de cautelares similares, y donde tristemente un solo estudio jurídico (Milán-Serial) de Santo Tomé, tomó la mayoría de ellas», advirtió el fiscal general, quien estimó que el perjuicio al Estado nacional por esta avalancha de amparos ascendería a los «1.500 millones de peso
POR HECTOR ALDERETE