La Argentina comenzará esta tarde en Alemania un nuevo capítulo en su batalla contra los fondos buitre. Será cuando, de manera informal, agentes del Tribunal Internacional del Mar de Hamburgo tomen contacto directo con representantes del país y del Gobierno de Ghana, para dar las directivas del tratamiento del caso de la fragata Libertad en ese ámbito. Mañana comenzarán formalmente las sesiones donde las dos partes explicarán sus argumentaciones, la Argentina a favor de la liberación y Ghana justificando el accionar judicial, lo que luego dará inicio al tratamiento del caso.
El Gobierno confía en que haya una solución negociada rápida ya esta semana y que Ghana acepte la liberación del buque, sin el pago de los u$s 20 millones que el sistema judicial ghanés exige como fianza para liberar el buque. Otra posibilidad es que se inicie un proceso de tratamiento del caso dentro de la Corte de Hamburgo y que éste demande no menos de cuatro meses hasta su definición. Tanto para la primera o segunda opción, se necesitará que el diálogo entre la Argentina y Ghana sea prolijo y sin inconvenientes diplomáticos, para que la coordinación y determinación de la Corte sea rápida. Si, por lo contrario, surgen inconvenientes en el transcurso del fallo, y desde alguno de los dos países se imponen contrarréplicas (como ocurrió en la Corte de La Haya con el caso de Botnia), el juicio en Hamburgo podría extenderse en el tiempo.
Según la información que viene desde Alemania, hay contactos entre la Argentina y Ghana a través de mediadores silenciosas de las Naciones Unidas cercanos a Ban Ki-moon, que lograron rápidamente que el Gobierno de John Dramani Mahama aceptara acceder a discutir el caso de la fragata Libertad en Hamburgo; sin esperar, como podría haber argumentado, que el caso termine de ser tratado en la Justicia del país africano.
El derecho internacional indica que si uno de los Estados que quiere resolver un caso en una Corte mundial y aún tiene el caso abierto en los tribunales internos con derecho a defensa, puede determinar que culmine el caso en todas las instancias antes de una instancia superior global. Como además la Argentina hizo públicas sus sospechas éticas sobre las acciones del juez Richard Adjei Frimpong y su celeridad y defensa del fondo buitre MNL Elliot de Paul Singer, el Gobierno ghanés podría haber cerrado fuerzas con su magistrado. La Argentina ayer dio una señal también en este sentido, cuando el canciller Héctor Timerman dejó de lado al Gobierno ghanés por este problema y señaló que la cuestión es sólo contra los fondos buitre. El hecho de haber accedido a recurrir a Hamburgo debe ser considerado entonces un logro diplomático y un buen gesto del Gobierno africano. Si finalmente la Argentina logra liberar la fragata en Hamburgo sin tener que pagar la fianza en el sistema judicial ghanés, habrá que considerarlo como la mayor victoria diplomática contra los fondos buitre.
El argumento que planteará la Argentina en el tribunal oficialmente desde mañana, es que la detención de la fragata viola el artículo 292 de la Convención de los Derechos del Mar, la «carta magna» de la Corte de Hamburgo, donde se menciona que los buques de guerra y sus tripulaciones están protegidos por detentar «inmunidad soberana y en consecuencia libres de requisas y embargos». La clave para la presentación argentina es convencer a los jueces que la Libertad es efectivamente un buque de guerra en misión diplomática de formación de marinos.
Este tribunal Internacional funciona desde 1994 y tanto la Argentina como Ghana son socios desde su fundación. Cuenta con 21 miembros y tiene bastante jurisprudencia en casos como el de la Libertad, ya que la mayoría de las solicitudes responde a reclamos por liberaciones de buques y mercadería. La diferencia en el caso de la Libertad es que no se trata de una cuestión comercial como la gran cantidad de casos que trata Hamburgo, sino de un buque de guerra.
La fragata está varada en el puerto de Tema desde el 2 de octubre pasado, luego de decidir Frimpong hacer valer un curioso reclamo del fondo Elliot por un reclamo global de u$s 370 millones. Actualmente está custodiada por 45 oficiales, ya que el resto de los 340 tripulantes ya regresó hace un mes. Ayer el Gobierno ratificó que no hubo ningún movimiento de la fragata.
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