Una agrupación juvenil de la UCR denunció penalmente al titular de la AFSCA, Martín Sabatella, por no aplicar la «cláusula de desinversión» a otros grupos mediáticos para los cuales todos los plazos estipulados ya están vencidos.
Una agrupación interna del radicalismo denunció penalmente al titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabatella, por no aplicar la «cláusula de desinversión» a otros grupos mediáticos para los cuales todos los plazos estipulados por la Ley de Medios ya están vencidos.
El «Radicalismo Joven – Espacio Sub 40» radicó la denuncia por los presuntos delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad» ya que -arguye- Sabatella «habría incumplido con el deber de aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual respecto de los grupos de medios que, a diferencia del grupo Clarín, no gozan de protección cautelar» para desinvertir.
La denuncia apunta a los grupos empresarios que no cuestionaron judicialmente al artículo 161, que establece el plazo de adecuación a la cantidad de licencias que pueden poseer.
La denuncia, firmada por los militantes radicales Javier Pereiro y Mariano Mugnolo, lleva el número 12.396/2012 y quedó radicada ante el juzgado federal número 10, a cargo del magistrado Julián Ercolini.
«Es claro que la Ley estipula un plazo perentorio de un año desde el momento que se establezca los mecanismos de transición, sin posibilidad de extender o modificar el mismo. Por lo que el plazo previsto se ha cumplido el día 8 de septiembre del 2011», sostiene la presentación.
«Habiendo operado sobradamente el plazo establecido para la adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el día 28 de septiembre de 2011 el Directorio de la AFSCA, excediendo las facultades conferidas en la Ley, prorrogó el plazo por 60 días en forma arbitraria e ilegal», añade el texto.
Esa decisión «se basó en argumentos aparentes e irrisorios sobre la posible confusión con respecto al plazo indicado en la resolución citada, derivados en cuestionamientos judiciales no especificados», cuestiona la acción judicial.
«Los distintos funcionarios públicos han incumplido sistemáticamente la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual atentando contra el espíritu de la ley que son los de la promoción, desconcentración y fomento de la competencia, con el fin de democratizar y universalizar la información y comunicación», resume la presentación.
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