Habrá 136.000 millones en recortes en gastos sociales, algo que desagrada a los demócratas, y Defensa, que no ven bien los republicanos.
En su primer día en la Casa Blanca tras la reelección, Barack Obama dejó ayer limpia su agenda de actos oficiales. No es que se tomara otro día de descanso, como hizo la jornada poselectoral en Chicago, sino que cuando regresó con su familia a Washington el miércoles por la noche llegaba con una lista de políticos de ambos partidos a los que llamar y a ser posible reunirse.
La negociación de un pacto para superar el llamado «precipicio fiscal» es la prioridad del presidente y del Congreso. Si no existe un acuerdo, a fin de año deberá aplicarse un ajuste de 668.000 millones de dólares, lo que supone el 4% del PIB, para reducir el déficit y combatir la elevada deuda (16 billones de dólares).
La acción de gobierno de este segundo mandato tiene también otras claras prioridades, como aplicar la reforma sanitaria y abordar la reforma inmigratoria, pero resolver las finanzas públicas es lo más urgente. «Estamos realmente ansiosos», declaró el vicepresidente Joe Biden ante la negociación sobre el «precipicio fiscal».
Aunque ambos bandos defienden la necesidad de reducir el déficit, la falta de consenso en las negociaciones que se mantienen desde hace casi dos años llevó a que demócratas y republicanos aceptaran un «castigo» si antes de fin de 2012 no se ponen de acuerdo.
Habrá 136.000 millones en recortes del gasto en partidas diversas, incluidos servicios sociales y Defensa (los demócratas no desean lo primero; a los republicanos les desagrada lo segundo), y también unos 532.000 millones más en impuestos, mediante la expiración de rebajas fiscales a las rentas más altas y de otras «vacaciones fiscales» menores a todos los contribuyentes (los republicanos combaten lo primero; los demócratas ven con incomodidad lo segundo).
Un pacto entre los dos partidos, en realidad, debería ir en gran medida por esos mismos derroteros, ya que tendría que haber cesión por ambos lados. No obstante, un acuerdo permitiría orillar algunos aspectos políticamente muy espinosos para cada parte. «Es mejor bailar que luchar», dijo Harry Reid, el líder de la mayoría demócrata en el Senado. También el jefe de filas de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, John Boehner, habló de «predisposición a sentarse a hablar», si bien recordó que su partido se opone a una subida de impuestos como la que preconiza Obama. Boehner habló de bajar el tipo máximo, hoy del 35%, a cambio de tapar algunos agujeros fiscales. «Señor presidente, es su momento. Queremos que tome la iniciativa», declaró.
El resultado electoral no ha movido propiamente la situación de bloqueo que ha existido estos dos últimos años, desde que en 2010 los republicanos lograron la mayoría en la Cámara de Representantes. La victoria de Obama no ha sido tan fuerte como para revestirse como última autoridad en ese debate, y aunque los republicanos has retrocedido algunos escaños en el Senado y en la Cámara, siguen controlando esta y van a hacerlo notar.
Hay analistas que apuntan que los republicanos pueden aflojar su presión sobre el presidente, al haber pasado su oportunidad para derribarle en la urnas, pero también hay quien advierte que una fuerte oposición a Obama puede seguir siendo la mejor arma para revalidar la victoria en las legislativas de 2014.
Clave será la actitud de la propia Casa Blanca. Si aparece un Obama más dialogante eso podría también ablandar la oposición. Según el editorial de ayer de «The New York Times», todo «requiere el mismo ingrediente: terminar su actitud distante hacia el Congreso y trabajar estrechamente» con los líderes de las dos cámaras.
Subir impuestos
Durante la campaña electoral, Obama ha sido vago sobre su acción de gobierno para los próximos cuatro años, de forma que su victoria tampoco supone un mandato sobre nada específico. Lo único concreto sobre las reformas que se plantean es la que afecta al paquete fiscal, donde ha sido inequívoco e insistente en su deseo de subir los impuestos a las rentas con ingresos de más de 250.000 dólares al año.
Su victoria, en cualquier caso, supone que la controvertida reforma sanitaria aprobada en el primer mandato seguirá adelante, sin que un presidente republicano la pueda echar atrás, como prometía Mitt Romney. No obstante, la Administración deberá proteger las principales partidas del «Obamacare», como se conoce la reforma, en la negociación presupuestaria con los republicanos.
Además, su implementeación depende del concurso de los estados y algunos de los gobernados por los republicanos se han negado a asumir ciertas disposiciones, como la que obliga a los ciudadanos la contratación de un seguro privado, asunto sobre cuya constitucional fue señalada por el Tribunal Supremo en su decisiva sentencia de julio.
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