El Gobierno nacional no cumple con los fallos que otorgan movilidad a sus haberes, pero desvía fondos de la Anses para otros fines que no tienen nada que ver con las jubilaciones.
El titular de la Anses, Diego Bossio (foto), le dijo a la Corte Suprema que el organismo encargado de administrar los fondos jubilatorios de la Nación no podrá pagarles a los 240 mil jubilados que reclaman la movilidad en sus haberes, avalados por los fallos Badaro y Eliff. La afirmación de Bossio vuelve a poner la lupa en una de las cajas más importantes del kirchnerismo, a la que recurre cuando necesita dinero para otros asuntos que nada tienen que ver con el pago a los jubilados.
Según cifras oficiales, de los $ 280.000 millones de presupuesto de la Anses para 2013, unos $ 200.000 millones serán para pagar los beneficios del sistema (jubilaciones y pensiones, seguros de desempleo y asignaciones familiares). Mientras que los restantes $ 80.000 millones se destinan a otros fines que no forman parte del régimen previsional, como la asignación por hijo, las pensiones no contributivas, los déficits de las cajas de Policía, FFAA y de Seguridad y cajas provinciales no transferidas, diversos planes de empleo y el plan de computadoras Conectar Igualdad para chicos en edad escolar, entre otros.
“Dentro de los gastos de la Anses hay una gran parte que no tiene que ver con gastos ligados a la cuestión previsional, que pueden ser justificables, pero deberían estar financiados con otros recursos o gravámenes, como el impuesto a la renta financiera, a la megaminería y la explotación de hidrocarburos y otros, es mentira que no exista otra forma de financiar esos gastos”, dijo a Hoy el diputado nacional del Frente Amplio Nacional (Fap) Claudio Lozano.
En tanto, el titular de la Asociación por la Defensa del Sistema Previsional bonaerense (Adesip), Miguel Pouso, explicó a Hoy que el monto que tiene que pagar el Gobierno por los fallos judiciales “es una suma muy importante, pero también es importante la suma que están distribuyendo para otras cosas”. Y ejemplificó: “La asignación universal por hijo siempre se negaba desde el Gobierno porque el dinero no alcanzaba y cuando vieron que la oposición lo iba a aprobar, de todos modos recurrieron a los fondos de las jubilaciones”.
Además, Lozano recordó que “el fondo de garantías de la Anses tiene recursos para financiar las jubilaciones y no lo hace (ver aparte)”. “Lo que se está haciendo es desviar recursos previsionales para otros fines”, resumió el diputado.
Por otra parte, Pouso también destacó que los jubilados también se perjudican con el impuesto a las Ganancias, mientras que “hay varios proyectos para liberar a los jubilados de pagar ese tributo y también hay sentencias en Corrientes y en la zona de Bahía Blanca y una presentación del Colegio de Escribanos, con fundamentos desde la previsión social”.
Uno de los argumentos que utilizó Bossio ante la Justicia para justificar que no se pueden pagar los fallos judiciales fue haber ampliado la base de prestaciones, desde 2003. Al respecto, Pouso consideró que “lo que hicieron fue regalar dos mil jubilaciones que no existen, porque si quieren darle un subsidio a la gente que no aportó, lo tienen que hacer desde el Tesoro del Estado y no hacer una cajita feliz con los fondos de la Anses”.
La madre de la Presidenta, la única
Ofelia Esther Wilhelm le ganó un juicio al Estado por el reajuste de sus haberes y pasó a percibir unos $ 5.300 mensuales de la pensión por la muerte de su marido, Eduardo Fernández, el padre de la presidenta Cristina Kirchner.
“No puede ser que el Estado apele todos los juicios por los reajustes en las jubilaciones menos el de la madre de la Presidenta, y menos que no se haya respetado la movilidad como en la Provincia y que el 80% de los jubilados nacionales cobre el mínimo”, que es de $ 1.924, dijo Lozano.
“Una mentira de un funcionario que cobra $ 50 mil”
Que no se puedan pagar los reajustes jubilatorios como indica la Justicia “es una profunda mentira sostenida en la comodidad de un funcionario que gana $ 50 mil a costa de los jubilados que ganan $ 1.300”, definió el diputado nacional del Fap Claudio Lozano.
Bossio dijo que si la Anses se hiciera cargo de la movilidad de las jubilaciones, sufriría un déficit operativo respecto de lo que recauda y paga en la actualidad, y debería recurrir al Fondo de Sustentabilidad para afrontar los costos.
Sin embargo, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses (que maneja hoy $ 215.000 millones) y los excedentes de la Anses, el organismo previsional financia los déficits del Tesoro nacional y otorga créditos a empresas públicas y privadas, y planes de vivienda, como el Procrear.
Además, en los últimos años se agrandaron las cargas que otros ministerios y organismos que no tienen un financiamiento propio transfieren a la Anses; por ejemplo, los más de $ 20.000 millones anuales de las pensiones no contributivas que otorga Desarrollo Social, que en 2001 sumaban 300 mil y ahora totalizan 1,2 millones, o los $ 14.000 millones de la asignación por hijo, o los $ 1.700 millones del plan de computadoras escolares, que deberían tener otra fuente de financiamiento.
Quieren limitar las demandas
La Justicia enfrenta actualmente una alta litigiosidad que afecta al fuero de la seguridad social, donde se tramitan actualmente 240 mil causas por reajustes jubilatorios y, como esos reclamos no son satisfechos, el número de expedientes crece constantemente.
Para reducir esa litigiosidad, la Anses planteó una serie de “límites” a la cantidad de causas que a diario ingresan con reclamos de jubilados, y en ese sentido postuló el fin de la gratuidad de las demandas (en la actualidad no se pagan tasas judiciales por reclamos previsionales) y la caducidad de plazos (dos años a partir del momento en que se accede a la jubilación), entre otras cuestiones.
Los casos Badaro y Eliff son precedentes
Primero fue el llamado caso Badaro, en el que la Corte fijó una actualización de haberes de 88,6% para quienes ganaban más de $ 1.000 en el período 2002-2006, mientras que el segundo, denominado caso Eliff, establece una nueva base de cálculo para la determinación del haber inicial.
Este es el detalle de los dos expedientes que sentaron jurisprudencia y por los cuales la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad promueve una acción colectiva, que alcance a todos los integrantes de la clase pasiva y no sólo a los que acudan a los tribunales.
Más allá de las dificultades en la tramitación de causas, que la acción colectiva podría descomprimir, desde que asumió en su puesto el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ya reclamó en varias oportunidades darles “celeridad” a los reclamos de jubilados “que han transcurrido una vida y que hoy pretenden que sus ingresos sean dignos”.
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