Lo determinó el sorteo realizado este miércoles por la Cámara Federal. Se trata de la investigación impulsada por el Máximo Tribunal contra el juez federal de Quilmes y los presuntos responsables por irregularidades en el marco de la causa Riachuelo.
Mediante sorteo realizado este miércoles por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, resultó designado el Juzgado Federal N° 9, a cargo del juez Luis Osvaldo Rodríguez en la causa que iniciara la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, y a todo otro presunto responsable por irregularidades en la causa Riachuelo.
La Corte Suprema de Justicia resolvió separar al juez Armella de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo y denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura.
Fuentes judiciales indicaron este mediodía que el Máximo Tribunal también presentó «denuncia penal contra todos los sospechados» en las presuntas irregularidades por la contratación de obras para el saneamiento de la cuenca.
Ayer, el Gobierno Nacional denunció penalmente a Armella y pidió al Consejo de la Magistratura que impulse su juicio político por «mal desempeño de sus funciones», debido a las irregularidades detectadas en las contrataciones de las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Armella, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, fue designado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2008 como responsable de la ejecución de la sentencia en la causa «Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios-daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo», que ordena medidas protectoras en relación a la contaminación de la cuenca y que encomendó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención del daño.
Sin embargo, según notas publicadas en el diario Página 12, luego ratificadas por un informe de la Auditoría General de la Nación, existirían serias irregularidades, en particular por la obtención de contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez, en el marco del plan integral de saneamiento ambiental que el propio Armella debía supervisar.
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