La Corte suprema tomó la decisión por las irregularidades que se investigan en la contratación de empresas para las obras de saneamiento, atribuídas a su familia.
La Corte Suprema de Justicia resolvió separar de la causa Riachuelo al juez federal de Quilmes Luis Armella, quien es investigado por la contratación para obras de la cuenca La Matanza-Riachuelo (bajo su órbita) de empresas con presunta relación con su familia.
El motivo de la decisión es por las denuncias que pesan sobre él por las irregularidades en la contratación de las compañías para las obras de saneamiento.
El máximo tribunal presentará además una denuncia penal contra el magistrado y pedirá que se inicie una investigación ante el Consejo de la Magistratura, por mal desempeño de sus funciones.
La decisión de la Corte se tomó luego de que el Gobierno nacional lo denunciara penalmente al magistrado y pidiera su investigación ante el Consejo de la Magistratura.
La Corte Suprema de Justicia designó en julio de 2008 al juez, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, como responsable de la ejecución de la sentencia en la causa «Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios-daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo».
Dicha causa ordena medidas protectoras en relación a la contaminación de la cuenca y que encomendó a la Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo, Acumar, mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención del daño.
Sin embargo, según notas publicadas en el diario Página/12, luego ratificadas por un informe de la Auditoría General de la Nación, existirían serias irregularidades, en particular por la obtención de contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez, en el marco del plan integral de saneamiento ambiental que el propio Armella debía supervisar.
De hecho, el 29 de agosto último, la Corte Suprema ordenó al magistrado que informara detalladamente todo lo relacionado a esas publicaciones, y a la Auditoría General de la Nación que elaborara un informe sobre las contrataciones efectuadas.
El 9 de octubre último la Auditoría ratificó las irregularidades en las contrataciones, reforzando así la sospecha sobre el desempeño del cuestionado juez.
Según la denuncia presentada, el modus operandi de Armella consistía primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la Acumar u otros organismos involucrados en su ejecución, siguiendo las resoluciones del juez, se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación y realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estarían vinculadas al propio magistrado.
Las empresas mencionadas en el informe son: San Martin 264 Bernal S.A., Gildin S.A., Vial Rogo Cosntructoria S.A., Tierras Provinciales S.A., Compañía constructora M&T S. A. y Kartonec S.A.
Pese a que algunas de las contrataciones debían hacerse mediante licitación pública, por exceder el presupuesto de dos millones de pesos, este paso era omitido por la excepción a partir de las razones de urgencia que esgrimía Armella. Así fue la contratación directa de la Compañía Constructora M & T S.A por un monto de 3 millones y medio de pesos.
Una mención especial merece la operatoria de clausura de la totalidad de las canteras que se mantenían operativas en la Cuenca Matanza-Riachuelo y que derivó en la paralización de la construcción de la Autopista Presidente Perón. En este caso, el propósito habría sido liberar de competencia a la firma Gildin S.A., que opera en el partido de Berazategui.
La denuncia del Gobierno menciona también la posible colaboración de funcionarios designados por el juez en la Acumar, quienes «elaboraron o participaron en la confección de los proyectos a través de los cuales se realizaron las contrataciones irregulares». Entre estos funcionarios destaca Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, ex teniente de la Policía Bonaerense, exonerado por corrupción.
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