El Poder Ejecutivo acusó penalmente al magistrado Luis Armella y pidió al Consejo de la Magistratura la remoción de su cargo por presuntos delitos de estafas y violación de los deberes de funcionario público
El juez Armella es acusado por el «posible» incurrimiento de ilícitos en su función de ejecutar la sentencia de la Corte Suprema que dispone el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. En concreto, se lo acusa de vincularse con un grupo de empresas que consiguieron contratos millonarios sin licitación alguna.
De esta manera, se levantaron cargos contra Armella por «estafa contra la administración pública», «violación de los deberes de funcionario público», y «negociaciones incompatibles con la función pública», imputaciones que suponen una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
Ante tan graves acusaciones, se solicitó el juicio político contra Armella por «palmario mal desempeño», ya que el juez «ha perdido las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo».
La denuncia penal está firmada por Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete de la Nación, y es patrocinada por Angelina Abonna, procuradora del Tesoro de la Nación. El escrito señala que la investigación realizada por la Auditoría General de la Nación contra el juez se produjo a raíz de una producción periodística del diario Página 12, donde “se informó que un grupo de empresas vinculadas con el magistrado obtuvieron contratos millonarios sin licitación”.
“Según dicha investigación periodística, se encontraría probado un modus operandi delictivo en el que el juez Armella aparece como autor principal”, sostiene la presentación, y precisa que “el juez intimó a la Autoridad de la Cuenca (Acumar), bajo apercibimiento de graves sanciones y multas personales a los respectivos funcionarios, a realizar en plazos perentorios diversos proyectos”; “ante la premura exigida por el magistrado, se habilitarían los supuestos de excepción” para beneficiar, “sin procesos licitatorios”, a “empresas que serían próximas al juez”.
El texto firmado por Abal Medina señala que en las contrataciones se siguió las órdenes del magistrado. En su proceder, eran invitadas por Aysa las mismas seis empresas a los concursos privados, donde siempre ganaba la firma M&T. “El informe de la Auditoría General concluye que dichas empresas se encuentran vinculadas “por la alternancia de sus socios o la coincidencia de domicilios”.
Fuente: Infobae