(PL) La derogación de la polémica Ley 72 que privatizaba las tierras estatales de la Zona Libre de Colón (ZLC) fue aprobada hoy por el pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate y para mañana está convocado el tercero.
La legislación fue retirada por el gobierno tras el rechazo generalizado a la venta de terrenos de la ZLC y las masivas protestas durante ocho días en Colón, ciudad de Panamá y el resto del país que dejaron cuatro muertos, decenas de heridos y detenidos.
El climax de una situación fuera de control ocurrió ayer frente a la sede de la Asamblea Nacional cuando bandas de delincuentes saquearon tiendas y comercios en una capital paralizada totalmente por huelgas y manifestaciones, lo que obligó al gobierno a derogar la ley.
El proyecto de Ley 541 revocatorio presentado por la Comisión de Gobierno sufrió cuatro modificaciones dirigidas a garantizar y aclarar algunos aspectos que no dejen dudas de lo legislado y cubran cualquier resquicio perjudicial.
Una modificación garantiza que la ley 18 subrogada por la 72, es decir, la promulgada en 1948 que dio vida a la ZLC, recobre su vigencia.
Otra muy importante, que la derogación se realiza con efecto retroactivo a partir del 20 de octubre de 2012, por tanto revoca cualquier acto de adjudicación de terreno que se haya dado en virtud de la Ley 72 y se ordena al Registro Público cancelar dichas inscripciones.
Una tercera, que es un artículo agregado al proyecto, propone que el Ejecutivo presente un crédito extraordinario para indemnizar a familiares de los cuatro muertos por la represión y los heridos.
La última, también un agregado, busca la implementación de un plan integral de desarrollo para la provincia de Colón por mil millones de dólares.
Otros hechos destacados en los debates que empezaron en la madrugada de hoy y duraron más de ocho horas fueron la proposición de crear una comisión para sentar en el banquillo de los acusados a los involucrados en el exceso de fuerza en la provincia de Colón.
Las bancadas de la oposición pidieron concretamente convocar al ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, y al director de la Policía Nacional, Julio Moltó, para que expliquen «la invasión» de la provincia de Colón por tierra y aire.