Grecia se ha paralizado hoy en la quinta jornada de huelga general de 2012, esta vez en protesta contra el nuevo paquete de ahorro por 13.500 millones de euros negociado por el Gobierno con la troika.
El paro afecta a los transportes, a las escuelas, los servicios municipales, los hospitales, las compañías públicas y el sector bancario.
Grecia se ha paralizado hoy en la quinta jornada de huelga general de 2012, esta vez en protesta contra el nuevo paquete de ahorro por 13.500 millones de euros negociado por el Gobierno con la troika.
El masivo paro laboral, que afecta al transporte aéreo, marítimo, ferroviario y urbano, ha sido convocado por los principales sindicatos, el del sector privado (GSEE) y el del público (ADEDY), contra los recortes previstos en el citado paquete, que deberán aplicarse en 2013 y 2014.
Según han informado hoy los sindicatos, en Atenas no circulan ni troles y trenes suburbanos en toda la jornada.
La participación en la huelga de los controladores aéreos entre las 08.00 GMT y las 13.00 GMT ha obligado al aeropuerto internacional de Atenas a cancelar 46 vuelos y posponer otros 66.
El paro afecta asimismo a las escuelas, los servicios municipales, los hospitales, las compañías públicas y el sector bancario, mientras que la Confederación Nacional del Comercio y la Confederación de Pequeños Empresarios han instado a los comerciantes a cerrar hoy sus tiendas.
Los jefes de la «troika» -Comisión Europea (CE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Central Europeo (BCE)- dieron ayer por concluida su misión en Grecia tras haber pactado la mayoría de las medidas centrales, aunque sin haber logrado consensuar con el Gobierno griego una reforma laboral que forma parte del programa de reformas y ahorro impuesto al país mediterráneo.
La Comisión Europea, el FMI y el BCE han planteado reducir la indemnización por despido, acabar con los aumentos salariales por antigüedad e imponer la semana laboral de seis días, así como eliminar los convenios colectivos.
Las dolorosas medidas, requeridas por los acreedores externos como condición para continuar pagando el crédito de ayuda al país con el fin de salvarle de la quiebra, incluye además elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, así como recortes en salarios públicos, pensiones y prestaciones sociales.
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