Legisladores y ONG vienen denunciando el pésimo estado del camino vial. Cuestionamientos al Gobierno nacional por falta de controles.
En el marco de la audiencia convocada por el juez de Luis Armella para intentar destrabar el conflicto por el aumento de la tarifa del peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata, ayer legisladores provinciales y locales amenazaron con pedir la intervención judicial de Coviares, la empresa concesionaria.
El encuentro judicial, que intentaba destrabar el conflicto, terminó agudizando aún más la disputa, ya que la empresa planteó el inicio de las obras adeudadas recién para 2014. “La empresa propuso un plan de obras dentro del cual plantearon recién para 2014 el inicio del trabajo en una de las bajadas, a lo cual nos opusimos terminantemente y pedimos que se busquen alternativas en tiempos más cortos”, indicó el concejal del FpV-PJ Gustavo Luzardo, quien además aseguró que “dejamos abierta ante el magistrado la posibilidad de pedir la intervención judicial de la empresa, ya que vemos que tiene serios problemas económicos y no queremos que eso derive en una excusa para no cumplir con las obras”. En el mismo sentido, los diputados provinciales Gonzalo Atanasoff y Mauricio D’Alessandro señalaron que pedirán formalmente hoy al juez federal de Quilmes Luis Armella que disponga la “intervención judicial” de la empresa concesionaria.
Cabe recordar que legisladores y ONG presentaron un amparo contra el intento de Coviares de subir la tarifa del peaje de $ 2,20 a $ 5. La fundamentación de los demandantes apunta a las pésimas condiciones en las que se encuentra la autopista y a las distintas obras pautadas por contrato que la compañía no realizó.
La situación de la autopista
El origen del conflicto judicial se dio luego de que Coviares intentara aplicar un tarifazo, sin haber concretado las obras pautadas de antemano, como por ejemplo las bajadas de Villa Elisa y de la avenida 520 y la construcción de un tramo de un tercer carril. Asimismo, en lo que se refiere a tareas de mantenimiento, la intervención de la empresa brilla por su ausencia, situación que viene siendo denunciada hace tiempo.
“Ya mismo debería ser rescindido el contrato por la cantidad de incumplimientos, por haber cobrado tarifas abusivas e ilegales al principio de la concesión y por el estado de la autopista. Se pueden ver las banquinas desastrosas, una mala señalización, muy malo el servicio”, indicó a Hoy el presidente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca.
Por su parte, los vecinos de Villa Elisa, que desde hace años se vienen movilizando contra las distintas irregularidades de la concesión, se mostraron con cautela respecto a la audiencia de ayer. “La concesionaria deja mucho que desear, porque nunca realizó las obras que tenía que haber hecho, se le viene renovando el contrato y la obra no está ejecutada, como es la bajada en Villa Elisa y en Tolosa. Nunca se cumplió con la construcción de un tercer carril. Coviares nunca cumplió”, aseguró a este medio Liliana Ostapuk, vicepresidenta de la asociación civil Vecinos de Villa Elisa (Vedeve).
La falta de controles y la responsabilidad del Gobierno nacional
Los constantes incumplimientos de Coviares, así como los distintos tarifazos aplicados al peaje, no hubieran podido llevarse a cabo sin la complicidad y negligencia del Gobierno nacional, que en los últimos años prefirió mirar para otro lado en lugar de sancionar a la compañía o quitarle la prestación del servicio.
“La política del Gobierno ha sido defender los intereses de los concesionarios. Este Gobierno y los anteriores son los responsables de la situación actual. Por ello le pedimos la disolución del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi)”, sostuvo Lasca, quien además reclamó al Ejecutivo nacional “la rejerarquización de la dirección de Vialidad para que sea el organismo rector de la política vial del país”.
Por último, desde la Conaduv exigieron al kirchnerismo que reasignen “los $ 18 mil millones del impuesto a los combustibles para mantener la autopista libre de peaje”, así como para llevar a cabo “el mantenimiento y la realización de futuras obras”.
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