La acusaron de hacer llamados telefónicos intimidantes a una escuela privada de La Plata que había sido desplazada. Fue filmada por una cámara cuando hablaba por el teléfono semipúblico de un kiosco.
Una profesora de Educación Física que fue detenida en noviembre de 2010 acusada de hacer amenazas telefónicas de bomba a una escuela deberá afrontar un juicio oral y público.
Según confirmaron fuentes judiciales a Online-911, la Justicia penal descartó la posibilidad que el caso sea resuelto mediante una suspensión de juicio a prueba.
Marcela Campano fue procesada por cinco hechos de «amenazas agravadas e intimidación pública», según se lee en la causa que fue investigada por el fiscal Fernando Cartasegna.
Los investigadores establecieron que el móvil podría haber sido en venganza por el despido que la docente sufrió en sus funciones.
Los pesquisas dieron por probado que la acusada llamó desde teléfonos públicos a la Escuela y al Jardín de Infantes que el club Estudiantes de La Plata posee en las calle 28 y 462, en la localidad de City Bell, partido de La Plata, para “amenazar con la explosión de los tres niveles educativos del establecimiento”, según se describe en la causa.
Los investigadores obtuvieron una copia del video de una cámara ubicada en un kiosco, donde se ve a la acusada llamando desde un teléfono semipúblico en el horario en que se produjeron las amenazas.
En su declaración indagatoria Campano reconoció que llamó al colegio para advertir sobre un “escape de gas en la cocina”, que se enteró de esa situación al escuchar una conversación entre personas que no conoce y que lo hizo desde un teléfono público “ya que carecía de crédito en su celular”, explicaron los voceros consultados.
Pero el fiscal comprobó mediante un informe telefónico que al momento de las amenazas la acusada tenía “saldo acreedor” y también se describen una serie de llamadas realizadas “a diversos teléfonos en ese horario”.
Para el fiscal, Campano “no pudo desconocer” que las amenazas eran “aptas para perturbar la tranquilidad pública” causar “alarma severa, grave y generalizada”. Las cinco amenazas “se habían desplegado como una obra única, programada, organizada y ligada por un único elemento subjetivo intencional que es el de provocar injustificadamente la intranquilidad colectiva”.
La defensa había pedido el sobreseimiento de la acusada por entender que no estaba probada la autoría del hecho, pero el juez de Garantías Juan Pablo Masi avaló la investigación del fiscal y ordenó que el caso sea ventilado en debate público.
Fuente: Online-911