El Gobierno nacional emitió hoy cinco decretos para regular las compras del sector público, que deberán hacerse a empresas nacionalizadas o con intervención del Estado, con el objetivo de reducir sobreprecios y los saldos negativos en el gasto público.
A través de los decretos 1187, 1188, 1189, 1190 y 1191, publicados hoy en el Boletín Oficial, la Casa Rosada obliga a todas las dependencias nacionales a comprar combustibles y lubricantes a la petrolera YPF; que los autos de uso oficial se adquieran a través de contratos de leasing con Nación Leasing; que los pasajes en avión se compren a Aerolíneas Argentinas o a Austral; que el pago de haberes se concrete por el Banco de la Nación Argentina, y que la jefatura de Gabinete realice acuerdos marco para contratar servicios de telefonía celular, de radio y de transferencia de datos.
Las medidas forman parte del Programa de Ordenamiento de Compras Públicas y del Estado que regirá para todas las dependencias de la administración nacional.
En el caso del pago de salarios a través del Banco Nación, el decreto 1187 establece que se respetarán los plazos de vencimiento de los contratos firmados por los organismos públicos con otras entidades financieras. Pero en ningún caso se podrá hacer uso de la opción de prórroga que se haya previsto en el acuerdo vigente.
Lo mismo ocurrirá con los contratos de alquiler o compra de autos para uso oficial: se respetarán los plazos previstos en los convenios vigentes.
Pero el decreto 1188 establece que sólo el jefe de Gabinete podrá decidir que se hagan excepciones a esa disposición, aunque con previa intervención de la Oficina Nacional de Contrataciones de la subsecretaría de Tecnologías de Gestión de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa.
La norma exige además, que los organismos estatales de órbita nacional envíen en los próximos 30 días un detalle de la totalidad de los vehículos que tienen, su marca, modelo, número de patente y para qué se lo utiliza. Y también deberán informar si son alquilados, comprados, adquiridos por leasing, donados, etc.
Por otro lado, el decreto 1191 establece que el Sector Público nacional tendrá que comprar los pasajes en avión a Aerolíneas Argentinas y Austral, para destinos nacionales e internacionales, de todos los funcionarios, asesores, empleados o terceros a los que se les paguen los traslados.
En ese sentido, sólo se podrán comprar pasajes de otras compañías aéreas cuando Aerolíneas Argentinas y Austral no tengan vuelos directos o indirectos a los destinos deseados, o no tengan disponibilidad para las fechas solicitadas.
En ese caso, Líneas Aéreas del Estado (LADE) tendría prioridad para ser elegida como reemplazante de esas aerolíneas y en caso de que tampoco pueda cubrir las necesidades requeridas, sí se podrá recurrir a la compra de pasajes a otras empresas.
La norma establece además que la compra de pasajes deberá hacerse a través de la firma OPTAR Sociedad Anónima, operadora mayorista de turismo de las líneas aéreas estatales.
Las dependencias públicas nacionales contarán con un plazo de 180 días para implementar las disposiciones del decreto.
Al mismo tiempo, las entidades y organismos del Estado nacional tendrán que enviar todos los meses un informe a la Jefatura de Gabinete sobre todos los traslados concretados en el período.
El decreto obliga además a los funcionarios o empleados que utilicen los pasajes que paga el Estado, a ceder los beneficios que les otorguen las compañías aéreas a la dependencia u organismo al que pertenezcan.
Y en caso de que por disposición de las aerolíneas eso no se pueda hacer, los funcionarios y empleados sólo podrán emplear los beneficios que les otorguen para viajes oficiales.
La norma invita además al poder Legislativo y Judicial a adoptar «medidas similares».
En el caso de los combustibles, el decreto 1189 también establece que se respetarán los plazos de vencimiento de los contratos vigentes y que para el pago de la provisión de combustibles y lubricantes se podrá emplear una tarjeta magnética precargable, emitida por el Banco Nación.
Para la telefonía celular, el decreto 1190 establece que la jefatura de Gabinete deberá cerrar acuerdos Marco para todo el Sector Público nacional. En ese sentido, habrá una licitación general para toda la administración pública y se contratará el mejor servicio con menor precio. Después, cada organismo se contactará con la compañía y pedirá las unidades que necesite.
Fuente: Nosis