El fiscal Jorge Di Lello solicitó al juez Ariel Lijo que dilucide el origen del patrimonio de los padres y el hermano del vice, quien junto a su novia ya eran investigados.
Los padres y el hermano del vicepresidente Amado Boudou también serán investigados en la causa judicial contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Así lo dijeron fuentes judiciales en base a un requerimiento del fiscal Jorge Di Lello. Ello fue la semana pasada, tras conocerse que Amado Rubén Boudou, de 78 años, y su esposa, Azul Sapin Costa Álvarez, viven en un lujoso departamento del mismo barrio que tiene como habitante a su hijo, Puerto Madero.
El argumento explicado en Tribunales es que la figura del enriquecimiento ilícito también habla de «personas interpuestas», es decir testaferros que puedan haber colaborado con el funcionario que se enriqueció de manera ilícita. Y a ellos les cabe la misma pena que para el autor del delito. Juan Bautista Boudou, hermano del Vicepresidente, también quedó en la mira por los viajes realizados al extranjero y pagados por la empresa The Old Fund, controlante hoy de la ex Ciccone Calcográfica.
«Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño», dice el artículo 268 bis del Código Penal
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