El Gobierno español continúa con su política de evitar cualquier crítica a las actitudes de Marruecos, especialmente en lo que se refiere al Sahara, conocedor de que se trata de un asunto de especial sensibilidad para la monarquía alauí.
Favorecida por la confusión reinante sobre lo que estaba sucediendo en el campamento de Agdaym Izik, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez señaló que era preciso mantener la «cautela» a la hora de pronunciarse y abogó por que sea la comunidad internacional la que tome cartas en el asunto, con la convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No obstante, horas después matizó que quería referirse a que el asunto debería mantenerse en el marco de Naciones Unidas dentro de las negociaciones que allí están previstas.
A la ministra, los incidentes le pillaron en la ciudad de La Paz, a miles de kilómetros de distancia, cuando comenzaba la primera jornada de su visita oficial a Bolivia. Jiménez se mantuvo en contacto con la embajada española en Rabat y con su gabinete en Madrid recibiendo la información que se iba conociendo, contradictoria en muchos momentos.
Españoles en El Aaiún
La ministra reiteró que no podía hacer una evaluación de los sucesos, como desearía, e insistió en pedir calma y contención, además de pedir la reanudación de las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario bajo los auspicios del enviado especial de la ONU, Christopher Ross.
La ministra, que dijo que tenía noticias de que los tres españoles que se encontraban en el campamento estaban bien, hizo especial hincapié en señalar que no se trata de un contencioso entre España y Marruecos y subrayó que debería ser el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presidido en estos momentos por el Reino Unido, quien adoptará iniciativas a la vista de los informe de Minurso, la misión de la ONU para el referéndum en el Sahara Occidental.
Desde la llegada a La Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno ha mantenido, de hecho, una posición muy próxima a las tesis de Marruecos en la cuestión del Sahara. Aunque formalmente se ha situado en una posición equidistante, abogando por una solución dialogada entre las partes, en el marco de la ONU, lo cierto es que las quejas nunca le han llegado de Rabat, sino más bien del Frente Polisario y de Argelia, país que siempre ha apoyado la causa saharaui.
En los primeros momentos, Zapatero llegó a afirmar que el contencioso del Sahara Occidental, que llevaba vivo más de treinta años, podría resolverse en seis meses mediante el diálogo. El jefe del Gobierno dio por liquidado el Plan Baker, que aceptaban los polisarios y no gustaba a Rabat y, posteriormente, vio con buenos ojos el plan propuesto por Marruecos, que no pasa de ofrecer una autonomía para el Sahara, pero cierra la posibilidad de un referéndum de autodeterminación que pudiera acabar en la independencia.
«Traición» del PSOE
La actitud del Ejecutivo socialista le ha granjeado la enemistad de los líderes del Frente Polisario, pese al viaje que en junio de 2004 hizo a Tinduf el entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, para reunirse con dirigentes del Frente Polisario.
Los saharauis se consideran traicionados por el PSOE, que siempre había hecho bandera de su causa. Los grupos situados a la izquierda del PSOE y distintos activistas, entre los que ha habido actores y escritores, han echado en cara al Gobierno de Zapatero lo que consideran una «traición».
De igual modo, el acercamiento a las tesis de Marruecos deterioró las relaciones con Argelia, un país al que se había aproximado el Gobierno de José María Aznar cuando se deterioraron sus relaciones con Rabat. El Gobierno de Abdelaziz Buteflika se distanció considerablemente del de Zapatero y ese distanciamiento se ha dejado sentir en las dificultades para lograr acuerdos sobre los precios del gas, un producto del que Argelia es el principal suministrador de España.
A pesar de la actitud del Gobierno, el Sahara ha seguido siendo un elemento que ha enturbiado, por momentos, las relaciones entre Madrid y Rabat. A finales del pasado año, Marruecos creó un serio problema a España al negar la entrada en El Aaiún y devolver a España a la activista saharaui Aminetu Haidar, que desarrolló una huelga de hambre de 32 días en Lanzarote. Los marroquíes, además, han rechazado en varias ocasiones la entrada de grupos de parlamentarios autonómicos, como han hecho también en los últimos días, y han impedido con frecuencia la entrada de periodistas españoles en El Aaiún.
Hace sólo unos días, cuando ya se había impedido el acceso de varios informadores de nuestro país al campamento de Agdaym Izik, con una respuesta tibia por parte de las autoridades españolas, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Taieb Fassi Fihiri, decidió viajar a Madrid para entrevistarse con su nueva colega española, Trinidad Jiménez.
En plena rueda de prensa, sin que nadie le hubiera preguntado por el contencioso que se vivía en esos momentos a raíz de la muerte de un adolescente, Fassi Fihri arremetió contra la prensa española acusándola de distorsionar la realidad.
A su lado, Trinidad Jiménez dijo que España tenía una política distinta hacia los medios de comunicación, pero afirmó que «respetaba» la de Marruecos. Sólo un par de fechas más tarde, dos informadores españoles fueron agredidos cuando informaban del juicio abierto en Casablanca a unos activistas saharauis. El Ministerio de Exteriores se limitó a «lamentar» la agresión, aunque desde el PSOE se elevó el tono y se «condenó» el ataque.
Fuente: ABC