La situación de grave tensión política y social que se vive en la provincia de Chubut, a raíz de la violenta y extensa protesta que llevan a cabo un grupo de sindicalistas en un yacimiento hidrocarburífero, ha repercutido hondamente en la opinión pública argentina, a tal punto que son muchas las voces que dejan sentada su crítica y alarma por la virulencia puesta de manifiesto en el conflicto.
Es que llama especialmente la atención no sólo la prolongación de la huelga de los trabajadores que cortan las principales rutas y accesos de la zona de Comodoro Rivadavia, impidiendo el tránsito de todo tipo de vehículos -un hecho grave en si mismo-, sino también la violencia puesta de manifiesto en la toma de las instalaciones contra los bienes, activos y propiedades de particulares, empresas y Estado, con sus consecuentes pérdidas millonarias. Se trata pues de una de las medidas de fuerza de mayor vehemencia que hayan protagonizado los trabajadores sindicalizados que se recuerden en los últimos años.
Todo se inició el 21 de junio, cuando Los Dragones, un grupo sindical disidente de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) tomó en forma violenta el yacimiento Cerro Dragón que explota la empresa Pan American Energy (del grupo Bulgheroni), provocando serios destrozos y desmanes. Este grupo -en principio mutualista- cortó el acceso ubicado en la ruta provincial 26. Los Dragones exigen un 23% de aumento, el reconocimiento gremial y ser considerados trabajadores petroleros, lo que aumentaría sus salarios un 100%. El yacimiento Cerro Dragón, que cuenta con unos 2.200 pozos en actividad (ubicado en el golfo de San Jorge), es la segunda zona productora en importancia de gas y petróleo.
Pese al dictado de una conciliación obligatorio y los llamados al diálogo por parte del gobierno provincial, la protesta mantiene paralizada la producción del yacimiento; y a causa de los cortes de ruta que protagonizan, los huelguistas han logrado la suspensión de la obtención de crudo en la región. La Policía de Chubut mantiene una fuerte vigilancia en la zona, luego de que, por instrucciones de la Presidenta, se retirara del lugar la Gendarmería Nacional. La decisión de la señora Cristina Fernández sobrevino tras el trágico accidente que les costó la vida a 11 gendarmes que habían ido hasta el lugar para brindar seguridad. El reclamo afecta la economía de Chubut (registra pérdidas por unos $ 4 millones diarios) y complica el resto de las actividades y la cadena productiva en las provincias vecinas; y repercute seriamente en el abastecimiento de combustible y gas. La decisión del gobernador Martín Buzzi para que se investigue si una contratista de la productora financia al grupo sindical, y las rescisiones de contratos que impuso la principal compañía, no hicieron más que exacerbar los ánimos. Pero el Gobierno considera que detrás del ataque a las instalaciones de Cerro Dragón estuvo el objetivo de instalar el caos, la violencia e intentar presentar al Gobierno como débil y fácil de desestabilizar. Otras medidas de la productora y de una contratista y nuevas denuncias sindicales complicaron un escenario ya dramático.
La radicalización de los reclamos, a tal punto de esterilizar las reivindicaciones, el abandono del diálogo y una falta de sentido común en las negociaciones paritarias expusieron un bajo apego a los principios democráticos, a los que se debe retornar con urgencia. Pero, en este conflicto, la violencia puesta de manifiesto por los activistas no merece otra consideración que la condena y un pedido de investigación judicial responsable para comenzar a resolver una crisis que, de persistir, afectará a todo el país.
Fuente: La Gaceta