Se trata de la primera causa judicial contra directivos del sistema financiero español por su responsabilidad en la gestión de una crisis que ha tenido como consecuencia la transferencia de una enorme cantidad de recursos públicos a la banca.
La causa es por delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar precio y apropiación indebida.
La Audiencia Nacional de España imputó al exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato y otros ex altos cargos de Bankia, entidad financiera intervenida por el gobierno, por falsificación de cuentas, administración desleal y apropiación indebida, entre otros delitos.
Se trata de la primera causa judicial contra directivos del sistema financiero español por su responsabilidad en la gestión de una crisis que ha tenido como consecuencia la transferencia de una enorme cantidad de recursos públicos a la banca y cuyo costo el gobierno español está haciendo pagar a los ciudadanos con duros recortes.
El juez de instrucción Fernando Andreu aceptó a trámite la demanda presentada por la Fiscalía Anticorrupción y el partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 ex responsables y consejeros de Bankia.
El magistrado imputa de forma genérica a Rato y al resto de responsables de Bankia por delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar precio y apropiación indebida, según el escrito judicial al que tuvo acceso Télam.
«La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que Bankia solicitó la suma de 19.000 millones de euros para poder acometer un plan de saneamiento», dice el titular del juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional en su resolución.
La quiebra de Bankia «podría desestabilizar todo el sistema financiero del país», añade el magistrado, que cifra en 23.465 millones de euros el costo total del saneamiento y capitalización del grupo, lo que “supone, sin duda, un grave perjuicio para la economía nacional”.
Rato, ex ministro de Economía de José María Aznar y uno de los políticos más influyentes del derechista Partido Popular (PP), renunció a la presidencia de Bankia el pasado 7 de mayo, antes que el Ejecutivo de Mariano Rajoy interviniera la cuarta entidad española para evitar su quiebra, debido a su elevada exposición a activos tóxicos derivados del sector inmobiliario.
También fueron imputados y deberán declarar ante la justicia el ex ministro del Interior de Aznar, Angel Acebes, que formó parte del Consejo de Administración de BFA (Banco Financiero y de Ahorro), matriz de Bankia, y el ex presidente de Bancaja, José Luis Olivas.
La noticia no cayó bien en el seno del gobierno del PP y fue el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Marallo, quien transmitió el «enorme lamento» por la imputación de Rato.
Desde el opositor PSOE, la dirección se limitó a decir que “respetan” la decisión judicial, mientras el líder madrileño Tomás Gómez manifestó su apoyo a que se “depuren responsabilidades en el caso Bankia, tanto económicas como políticas”.
Más eufóricos por la decisión se mostraron los dirigentes de UPyD, autores de la querella.
Su líder, Rosa Díez, lo celebró en las redes sociales y el diputado Toni Cantó aseguró que se trata de “un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso contra la impunidad”, al tiempo que criticó “el silencio” de PP y PSOE ante la estafa de Bankia.
Hace un mes, la Fiscalía Anticorrupción anunció que investigaba posibles delitos derivados del proceso de fusión y salida a Bolsa de Bankia.
Los fiscales encargados del caso advirtieron indicios de delitos contables, estafa y falsedad documental, administración desleal o delito societario y apropiación indebida, según reveló en aquel momento el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien decretó mantener en secreto la investigación para evitar un mayor castigo de los mercados sobre España.
Días después, el pasado 11 de junio, el partido UPyD presentó otra querella contra los miembros del Consejo de Administración del grupo Bankia también por delitos derivados del proceso de salida a Bolsa de Bankia.
En su último informe, la Fiscalía Anticorrupción no apoyó la imputación de los ex consejeros de Bankia, pero el juez Andreu fue más lejos.
Bankia surgió a principios de 2011 del proceso de fusión de Caja Madrid y Bancaja, -dos cajas de ahorro de comunidades gobernadas por el PP- y de mayor tamaño con activos tóxicos del sector inmobiliario, y otras cinco entidades más pequeñas (Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja).
De la unión de estas cajas surgió el grupo liderado por Rodrigo Rato, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), que acumuló la mayor cantidad de productos tóxicos, y de él se creó Bankia, una entidad que teóricamente concentraba el negocio rentable y que salió a Bolsa a mitad del año pasado.
En pleno incremento de la presión de los mercados sobre España, debido a las dudas sobre el agujero del sistema financiero español, Rato dejó su cargo a principios de mayo y el BFA solicitó que el Estado interviniera para evitar la quiebra a través de la conversión de un crédito público de más de 4.500 millones en acciones.
Pero el agujero financiero de Bankia resultaría ser mucho mayor, ya que el grupo registró pérdidas de 3.000 millones de euros y anunció que va a necesitar un aporte adicional de 19.000 millones de euros para recapitalizarse.
El movimiento de los “indignados” también presentó una denuncia contra Rato, financiada por miles de personas respondieron a la iniciativa “15MparaRato”, que recaudó fondos para la querella en tiempo récord en las redes sociales.
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