El exapoderado de Madres está imputado como presunto jefe de una asociación ilícita en una causa que lleva el juez Norberto Oyarbide.
La sala uno de la Cámara Federal porteña ordenó la liberación de Sergio Schoklender. El tribunal dispuso que el juez Norberto Oyarbide imponga el monto de la fianza al exapoderado de Hebe de Bonafini para que obtenga la libertad.
Sergio Schoklender había desmentido haber construido siete viviendas con material «robado» a la organización, en el country donde viven su ex esposa, su hermano Pablo y otros implicados en la causa en la que se lo investiga como presunto jefe de una asociación ilícita.
Se trata de las propiedades e instalaciones allanadas el 22 de junio de 2011 por el juez Norberto Oyarbide en el Barrio Patacón, del partido bonaerense de Pilar, donde según había declarado el magistrado se pudo «observar, con toda claridad, que están construidos con materiales que se emplean para construir las casas de la Fundación».
«A pesar del circo mediático y de las declaraciones matinales de su Señoría, me permito recordarle que todos los materiales fueron legalmente adquiridos tal como lo acreditan los remitos cuyo número notifiqué personalmente por escrito a este tribunal inmediatamente después de haberse producido el ‘descubrimiento'», replicó el imputado en su ampliación de indagatoria a la que tuvo acceso la agencia DYN. «Nadie roba materiales con remito», insistió con ironía.
El mayor de los hermanos Schoklender afirmó que los comprobantes «originales» fueron «secuestrados» por el «tribunal ante el único allanamiento de todos los solicitados, recomendados e indicados» que efectuó, entre ellos «la planta de Barracas, la fábrica de paneles de la Fundación», donde habría documentación que ratificaría que no fueron «robados» sino «debidamente adquiridos».
Schoklender aseguró que la causa que lleva Oyarbide es la «más arbitraria y desprolija que recuerde la Justicia argentina» y calificó de «circo periodístico montado» a los allanamientos dispuestos por el juez, a quien le atribuyó «ignorancia sobre la metodología de la contratación de la obra pública» para forzar «las disparatadas imputaciones».
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