La Cámara en lo Contencioso Administrativo condenó al Estado Nacional a indemnizar al hijo de una mujer que fue asesinada por un prefecto, quien luego se suicidó, utilizando el arma reglamentaria que le había provisto la fuerza.
Los jueces Marcelo Duffy y Jorge Morán ratificaron la indemnización por 370 mil pesos más intereses a favor de los hijos de la víctima, Liliana Mabel Pueblas, quien fue asesinada el 10 de febrero de 2000 por el prefecto José María Benítez, quien luego se suicidó.
El Estado rechazó la imputación argumentando que “el agente Benítez no se encontraba en servicio y su accionar debió encuadrarse en un comportamiento de tipo particular de un ciudadano común».
Pero el tribunal dio por probado que Benítez mató a su concubina, hirió a una hija de ésta “y posteriormente se suicidó”, y que el hijo mayor de la mujer “quien no se hallaba en el domicilio al momento del hecho, arribó al lugar momentos después encontrándose con su madre muerta y su hermana herida”.
“El arma utilizada por el suicida-homicida fue una pistola 9 milímetros provista por la Prefectura Naval Argentina en cuyos cuadros revistaba”, resume el fallo.
“Hay responsabilidad del Estado toda vez que la Prefectura Naval ha reconocido que el autor del daño era su dependiente, y no ha negado que el arma utilizada para provocar la muerte de la víctima y las heridas de la menor perteneciese a esa institución naval”, sostiene la sentencia, a la que tuvo acceso DyN.
Fuente: Diario Hoy