Es en el Parque Nacional Calilegua, donde guardaparques y trabajadores autoconvocados advierten del impacto ambiental por la explotación
CALILEGUA, Jujuy.- Guillermo Nicolossi viene del sur. Hace casi dos décadas se instaló aquí, en el norte del país y abrazó las luchas de esta región como propias. Es guardaparques. Su casa está en las Yungas, un lugar mágico, nuboso, selvático, cuya alta biodiversidad corre peligro.
El Parque Nacional Calilegua (PNC), donde trabaja, tiene 76.306 hectáreas y es el único de su tipo en la provincia de Jujuy . Nicolossi y unos veinte trabajadores autoconvocados de aquí y de otras zonas del país vienen denunciando desde hace varios años la creciente contaminación de un área de la reserva y sus consecuencias sobre la flora, fauna, cursos de agua y los pobladores del área. Diputados de la oposición, ambientalistas, comunidades guaraníes y Greenpeace , entre otros, se han sumado a las críticas.
Motivos para inquietarse tienen de sobra. Aquí, en plena zona protegida por ley, hay unos 24 pozos petroleros abandonados o mal sellados. Se trata de cañerías y equipos arrumbados u oxidados, en algunos casos con pérdidas de petróleo, aguas y minerales. A muchos de esos pozos se los ha «tragado» el bosque y nadie los controla: se llega sólo a machetazos. Hay otros diez en producción, aunque funcionando a media máquina.
«La paradoja es que en lugar de proteger y de preservar, como parque nacional estamos entregando contaminación», se lamentó Nicolossi, en diálogo con LA NACION.
En el marco de un acuerdo con el gobierno de Jujuy y la compañía Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), la petrolera fue autorizada a explorar y explotar petróleo por el gobierno del kirchnerista Eduardo Fellner , por un período de 24 años. La inversión de la empresa, según anunció el mandatario provincial, llegaría a 60 millones de dólares.
En plena zona protegida por ley, hay unos 24 pozos petroleros abandonados o mal sellados. Se trata de cañerías y equipos arrumbados u oxidados, en algunos casos con pérdidas de petróleo, aguas y minerales
Mientras tanto, el propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , informó a la Cámara de Diputados en junio último que existe riesgo de contaminación de los pozos abandonados sin el debido sellado en el parque. También afirmó que entre los riesgos de la explotación de petróleo en la zona se encuentra «la posible contaminación por derrames (…) por rotura de ductos, piletas o árboles de producción, la probabilidad de incendios, entre otros».
Uno de los pozos petroleros abandonados en más grave estado es el llamado Caimancito E-3, que se encuentra a unos metros afuera del perímetro del parque. En ese informe, Capitanich reconoció que dicho pozo derrama en la superficie 200 mil litros de agua termal por día, en unos 60 a 70 grados, con sales de formación en concentración de 100 gr/litro y con niveles de cobre.
Esa agua -dijo oficialmente- se vuelca al Arroyo Yuto, curso que atraviesa un sector del parque. La situación era conocida por la Secretaría de Energía de la Nación, según Capitanich, desde 1998. La realidad también es conocida desde hace años por el gobierno jujeño. Sin embargo, nadie hizo nada hasta ahora para remediarlo.
En este contexto, la semana última, la Administración de Parques Nacionales (APN) comunicó a la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy que rechazó la propuesta presentada por las empresas que explotan el yacimiento «por resultar inapropiada». A su vez, la APN informó que se constituyó como querellante en una causa judicial que investiga el impacto ambiental provocado por este pozo.
Este parque es el único que posee selva pedemontana y, en especial, la zona donde está el yacimiento es irreemplazable porque es un ambiente de transición entre dos ecosistemas contrastantes, el bosque chaqueño (seco) y las Yungas (húmedas)
Además del impacto de esta actividad sobre las aguas, flora y fauna de esta región, según Nicolossi, la zona donde está el yacimiento cumple un rol fundamental en temas de conservación y biodiversidad: «Este parque es el único que posee selva pedemontana y, en especial, la zona donde está el yacimiento es irreemplazable porque es un ambiente de transición entre dos ecosistemas contrastantes, el bosque chaqueño (seco) y las Yungas (húmedas)», explicó.
Este argumento es el que esgrimen los trabajadores autoconvocados para alertar sobre la posibilidad de que se pretenda separar el yacimiento del parque nacional. Hacerlo, afirman, sería un error que atentaría contra esta zona, declarada Reserva de la Biósfera de la Yungas por la Unesco en 2002.
«La producción de petróleo dentro de un parque nacional es algo incompatible», afirmó a LA NACION el diputado provincial Pablo Baca (UCR). Según Baca, por más que la explotación de petróleo haya sido anterior a la creación de un parque nacional, existe un principio que afirma que las leyes ambientales prevalecen sobre otras leyes o derechos anteriores. «Si se demuestra que hay daño o contaminación, como en este caso, la actividad debe cesar», afirmó.
Junto a otros legisladores locales, Baca presentó un amparo en la justicia federal en Jujuy que fue rechazado y sobre el que se acaba de expedir la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Ahora el juez federal Wenceslao Cardozo debe dar trámite al amparo y decidir si frena o no la explotación de hidrocarburos en la zona.
EXPECTATIVAS NO CUMPLIDAS
Los primeros trabajos en el controvertido yacimiento de Calilegua los hizo YPF en el año 1969, y generaron enormes expectativas en los pobladores locales. La fiebre del oro negro estalló, pero duró poco. La promesa fue diluyéndose. Luego, la empresa se privatizó y el yacimiento Caimancito pasó por distintas manos, hasta llegar a la empresa JEMSE (del estado jujeño) que ahora trabajará junto con JHP (China).
El Parque Nacional Calilegua se creó después del inicio de la explotación petrolera, hace exactamente 35 años, y se convirtió, por ley, en área protegida. Con el correr de los años, la explotación de petróleo y el abandono de los pozos se produjo bajo el amparo de distintos gobiernos locales y nacionales, así como de administraciones de Parques Nacionales.
Ante la consulta de LA NACION, el presidente de la empresa estatal JEMSE, Marcos Calachi, pidió trasladar la consulta a las autoridades de aplicación. LA NACION se comunicó con la Secretaría de Gestión Ambiental y el Ministerio de la Producción de Jujuy, pero no brindaron respuestas.
DENUNCIAS JUDICIALES
Estudios ambientales han demostrado la existencia de hidrocarburos, fenoles, cromo y cloruros en el arroyo Yuto (en proporciones perjudiciales para la salud de las personas y para el medio ambiente), a raíz del mencionado pozo Caimancito E-3; esto fue denunciado penalmente ante la Fiscalía Federal N0 2 de Jujuy en 2009. Por otro lado, el arroyo Sauzalito, que tiene como zona de influencia a los pobladores rurales de Yuto y Río San Francisco, está contaminado con plomo, mercurio, cadmio y cromo, hecho que fue denunciado en febrero último en la misma fiscalía.
Además, se elevó una denuncia en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. A eso se suma el amparo para detener la actividad petrolera que deberá resolver ahora el juez federal Cardozo.
Existen también numerosas denuncias administrativas elevadas al directorio de la APN.
En este contexto, los trabajadores autoconvocados pidieron a Parques Nacionales que se anulara la posibilidad de continuar con el proyecto de explotación de hidrocarburos en Caimancito, por considerarlo inviable e ilegal. «Queremos también que se sellen debidamente los pozos abandonados y se remedien todos los pasivos ambientales», agregó Nicolossi. Uno de sus motivos de preocupación es que este caso se convierta en un antecedente que pueda perjudicar, en el futuro, a otras áreas protegidas del país.
Calilegua no es la única zona del país donde los ambientalistas dan estas batallas. En el sur, un grupo de organizaciones exigen el gobierno de Neuquén «el retiro y remediación ambiental del impacto causado en el área natural protegida Auca Mahuida…
Fuente: La Nación
Felipe 
Chiara 
ALEJ 
