El primer artículo del proyecto que expropia a Repsol es el que más inquietud está generando en el resto de las petroleras que operan en el país. En esa parte de la norma de declara a la actividad de “interés público” lo que podría abrir la puerta a mayores intervenciones en todo el sector. Multinacionales como Petrobras, Total, Chevron y otras que operan en el país, no creen que Cristina siga expropiando empresas.
En el sector petrolero argentino hay una enorme incertidumbre, pero no por la expropiación de Repsol, sino por los alcances del artículo 1 del proyecto enviado por Cristina Kirchner al Congreso, que declara de “interés público la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”.
Este artículo –previo a los que disponen la expropiación del 51 por ciento de las acciones que Repsol tenía en YPF- es motivo por estas horas de intensas consultas de las principales petroleras privadas que operan en el país –entre las que figuran PAE de los Bulgheroni, Petrobras, Tecpetrol (de Techint), la francesa Total, Chevron y Pluspetrol, entre otras-.
La duda que carcome a los directivos de esas compañías es conocer los alcances definitivos de esa parte de la ley que ya se está debatiendo en el Congreso y que ayer obtuvo dictamen favorable en el Senado.
Aunque no se encontraron en una reunión corporativa –la Ceph, la cámara que reúne a las productoras, tiene una función casi testimonial-, directivos de las petroleras cruzaron llamados para compartir información y armar un diagnóstico de la situación.
“Aún no está claro si la norma va a regir únicamente para YPF ó se aplicará a toda la industria en general”, admitió un encumbrado directivo del sector. Gestiones de última hora con el ministro de Planificación, Julio de Vido, apuntan a desactivar esos interrogantes. Con todos, la mayoría de los directivos consultados por LPO descarta una embestida contra la propiedad del resto de las empresas.
“A lo sumo, el Gobierno tendrá mayor intervención sobre el mercado, direccionando el despacho y pasando por encima de los contratos firmados, cuestiones que complicarán el clima de inversión, pero no creo que avance sobre la titularidad de otras compañías”, analizaron en una petrolera que tiene un bunker en Chubut.
La preocupación de las petroleras está avalada, además, por un dato no menor, que abre el juego a la especulación: la semana pasada circuló en la industria un proyecto de ley –luego desmentido por fuentes oficiales- que incluía, en una segunda etapa, un compendio de normas que le otorgaban al Ejecutivo amplia potestad para intervenir en el mercado petrolero, fijando precios y estableciendo cargas a cada productor.
Sobre la filtración de ese apócrifo proyecto de ley circulan varias versiones. Los más maquiavélicos señalan a un abogado del equipo de De Vido como quien brindó el texto a diputados y empresas, precisamente para asustar al sector con la amenaza de una norma más estatista, a fin de reducir una reacción negativa ante el proyecto oficial, mucho más lavado y menos intervencionista que el anterior.
Un equipo cuestionado
Sobre la intervención de YPF que ordenó la Presidenta, las petroleras miran con recelo a la nómina de directivos designados por De Vido para acompañarlo en la intervención. Sucede que el tiempo que dure la medida –según el ministro no debería extenderse por más de 30 días-.
Exequiel Espinoza, el presidente de Enarsa -se lo asocia al empresario K Cristóbal López -, será el responsable del área de Exploración y Producción, y Walter Faggías, un hombre cercano a Roberto Baratta, coordinador de Planificación, tendrá a su cargo Refino y Comercialización de combustibles.
“Espinosa es un ingeniero reservorista, de los que se encargan de cuantificar el volumen de un yacimiento. No tiene experiencia en materia de exploración, que es una de las áreas que debe reactivar YPF. Aun así, lo designan responsable de Exploración y Producción. No es una buena señal”, criticó el presidente de una petrolera que opera en la Cuenca Neuquina.
En tnato que un equipo que liderará Axel Kicillof, será el encargado de los temas económicos y financieros de la compañía. Nicolás Arseo será el número uno. Y Rodrigo Cuesta será el encargado de temas legales. La continuidad de los contratos de servicios firmados por YPF preocupa de especial manera a los proveedores petroleros.
“A la fecha, la deuda de YPF con el sector ronda los $ 500 millones. Esperemos que la nueva gestión de la empresa no atrase demasiado la cadena de pagos”, confiaron desde una de las grandes compañías de perforación, que sustenta gran parte de su negocio con servicios para YPF.
Gestión provincial
Otro de los ejes del proceso iniciado ayer que genera desconfianza en la industria es la probidad de las provincias para avanzar sobre cada una de las delegaciones de YPF en cada polo productivo (Cuenca Neuquina, Golfo San Jorge, Austral, Noroeste, Cuyo).
Es que no sólo la participación en el capital (tendrán un 25% real de la empresa) y la participación en el directorio (sobre un total de 17 directores, las provincias tendrán tres rotativos, más uno en representación de los trabajadores y cinco del Estado), sedujo a los gobernadores petroleros. Lo que más los atrajo es que tendrán una dosis mayor de poder sobre la operación de la compañía en sus territorios.
“Seguramente se impulsarán más alianzas con las petroleras estatales de cada provincia. Habrá que ver cómo implementan las decisiones en cada distrito. No es lo mismo Neuquén y Chubut, que tiene un equipo de funcionarios preparado para participar de la exploración y producción de hidrocarburos, que el resto de las gobernaciones, que tienen estructuras más endebles”, interpretaron desde una petrolera que explica gran parte de su producción en Santa Cruz.
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