Un fallo de la Cámara Penal resolvió dejar nula la causa por la muerte de Candela Rodríguez. La investigación estaba plagada irregularidades y fallas técnicas. LPO había adelantado la preocupación del gobierno de Daniel Scioli ante un comprometedor dictamen de la comisión Candela, que avanza en el Senado con un seguimiento del caso.
La decisión de la Cámara Penal de Morón de anular la causa Candela complica aún más a Daniel Scioli y a Ricardo Casal. La medida prácticamente lleva a «fojas cero» el caso, es decir que no sirve nada de lo investigado hasta ahora por la Justicia.
En un fallo de 58 fojas, la Sala III de la Cámara dispuso la libertad de todos los imputados en el caso Candela, anuló una gran parte del proceso, apartó al juez de Garantías Alfredo Meade por no haber mantenido la imparcialidad y cuestionó duramente la investigación del fiscal.
“Nos preocupa la actuación del juez y el fiscal»
El diputado bonaerense del FAP, Juan Carlos Juárez, dijo que es “preocupante” el servicio de justicia de la Provincia y pidió investigar al juez y al fiscal para saber si actuaron “con la pericia y profesionalidad que requiere el hecho”.
“Evidentemente las declaraciones que habían dado Daniel Scioli y Ricardo Casal, hoy no se trasladan a los hechos: Hay una niña secuestrada y asesinada, se tendió un manto de dudas sobre varias personas y el caso no tiene la resolución que estábamos esperando”, finalizó.
Días atrás, La Política Online informaba sobre la preocupación en el gobierno provincial respecto a los resultados que podría arrojar la comisión investigadora creada en el Senado bonaerense para acompañar la investigación judicial por el asesinato de Candela Rodríguez.
Sobre la nulidad de la causa, hoy el vicegobernador dijo que «da cuenta de que hay una serie de irregularidades en la investigación y por eso la Comisión va a trabajar en los ámbitos que le corresponden para que estos tipos de delitos tengan la investigación que corresponde».
En una conferencia de prensa antes de comenzar a sesionar la comisión Candela, Mariotto agregó que «se van a instrumentar todas las acciones para que no haya connivencia entre el delito y la policía, y entre la justicia, la policía y el delito, y entre la política, la justicia, la policía y el delito. Cada poder tiene que trabajar por sí solo y el delito no tiene que tener la cobertura de nadie».
Así, el vicegobernador esquivó cuestionar directamente a Scioli y a Casal y apuntó sus cañones hacia el juez y el fiscal que actuaban en la causa. Mariotto no descartó iniciar un juicio político contra el fiscal Marcelo Tavolaro y al juez Alfredo Meade.
Mariotto también anunció que la Comisión especial del Senado llamará a declarar para dentro de 15 días al ex jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi, al tiempo que no descarta convocar al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal.
El propio hallazgo resultó paradójico: A Candela la encontró una cartonera, quien luego le avisó a un maletero de una terminal aledaña, mientras cientos de efectivos policiales llevaban adelante rastrillajes frustrados.
Daniel Scioli y Ricardo Casal en Villa Tesei, el lugar en donde encontraron el cuerpo de Candela
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La investigación sobre el crimen de Candela estuvo sujeta a operaciones políticas y mediáticas desde el mismo momento que encontraron el cadáver de la niña de 11 años en un descampado de Villa Tesei.
Es que minutos después que se encontrara el cadáver, los canales C5N, TN y América 2 comenzaron a difundir el audio de un llamado extorsivo que su madre, Carola Labrador, había recibido con la amenaza de matar a su hija.
El audio instaló rápidamente la idea del secuestro y dejó de lado el resto de las hipótesis en las que trabajaban los investigadores. Entre ellas que Candela se haya ido de su casa por su propia voluntad o que haya caído en una red de trata.
Las fallas de comunicación se acrecentaron con las imágenes de Daniel Scioli alrededor del cadáver pisoteando la escena del crimen. La propia Gobernación se ocupó de dar difusión a esas imágenes capturadas por la policía.
Desde entonces, todo fueron imprecisiones en la investigación. En lo actuado se habría fraguado groseramente pruebas y se pobló el expediente de «acusados» truchos y los detenidos fueron quedando en libertad.
«El juez reiteró los errores cometidos por el Fiscal y se apartó del rol de imparcialidad» que debe tener, señalaron los magistrados en la extensa resolución que dejó sin efecto la prisión preventiva de todos los acusados.
Ante las irregularidades incurridas por el juez Meade, los camaristas decidieron enviar fotocopias del expediente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Petigiani.
Respecto del fiscal, Marcelo Tavolaro, los jueces le solicitaron al Fiscal General
Departamental, Federico Nieva Woodgate, que evalúe «si debe continuar en la investigación», al haber vulnerado el «principio de objetividad» en su accionar.
Pero además, el fallo de 58 fojas de la Sala III decidió anular todas las declaraciones indagatorias de los procesados y todos los actos consecuentes, incluyendo la prisión preventiva.
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