El organismo considera «ilegal» la expropiación del 51% de la petrolera y pospone su encuentro pautado para fines de abril.
La Comisión Europea (CE) suspende la visita a la Argentina prevista para el 19 y 20 de abril en respuesta al anuncio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar el 51 por ciento de las acciones que Repsol tiene en YPF.
El organismo tenía previsto iniciar una negociación para llegar a una solución consensuada del conflicto con al empresa española.
Según anunció la vocera del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde, la medida argentina es «ilegal» si no conlleva una compensación adecuada.
«Debido al clima que se ha creado por esta situación, la Comisión Europea y la alta representante (de la política exterior, Catherine Ashton) han decidido posponer la reunión del comité conjunto UE-Argentina que estaba previsto para los días 19 y 20 de abril en Buenos Aires», indicó la vocera en conferencia de prensa.
Por su parte, el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, se declaró este martes «seriamente decepcionado» por el anuncio presidencial y pidió al gobierno nacional que honre sus compromisos internacionales y bilaterales con España.
«La Comisión Europea ya trasladó sus preocupaciones al Gobierno argentino, enfatizamos en la necesidad de que se encuentre soluciones de mutuo acuerdo que no dañen el clima de negocios y por eso estoy seriamente decepcionado por el anuncio de ayer», señaló Barroso en conferencia de prensa.
El presidente del Ejecutivo comunitario recalcó que espera de las autoridades argentinas que «respeten sus compromisos y obligaciones internacionales, especialmente aquellos que resultan del acuerdo bilateral sobre la protección de inversiones con España».
Barroso pidió a los servicios comunitarios que «sigan de cerca» este asunto y que le den además «máxima prioridad».
Tras el anuncio de la mandataria, el vocero comunitario de Comercio, John Clancy, advirtió a la Argentina que la expropiación del 51 por ciento del capital social de YPF, controlada por la española Repsol, enviaría una señal «muy negativa» a los inversores y podría dañar seriamente el clima de negocio en el país.
Clancy expresó el deseo de la Comisión Europea de que las diferencias entre el Gobierno argentino y Repsol YPF puedan ser limadas a través de una solución común que satisfaga a ambas partes.
La semana pasada, la Comisión Europea dijo que está «del lado de España» en esta polémica con Argentina, aunque reconoció que la Unión Europea no cuenta en la actualidad con mecanismos jurídicos para presionar al país latinoamericano con el fin de que cumpla sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio.
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