El Gobierno de Colombia renunció a la facultad de dar el control de zonas del país a grupos armados ilegales para crear áreas desmilitarizadas que permitan avanzar en diálogos de paz, anunció el martes el ministro del Interior, Germán Vargas.
El funcionario aclaró que el presidente Juan Manuel Santos mantiene abierta la puerta a una negociación con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero sin establecer zonas de donde tenga que salir la policía y el ejército.
“El Gobierno no quiere hacer uso de esas facultades, no habrá nuevamente zonas de despeje en el territorio nacional. El Gobierno mismo renuncia a tener esa facultad que no piensa utilizar”, dijo Vargas.
Bajo la ley a la que renunció el Gobierno, el ex presidente Andrés Pastrana entregó a las FARC el control territorial de una zona de 42.000 kilómetros cuadrados, dos veces el tamaño de El Salvador, que sirvió de sede a una fallida negociación de paz entre 1999 y el 2002.
Además de servir se sede a los diálogos de paz, la guerrilla utilizó la región para esconder secuestrados, proteger a sus líderes, traficar armas y drogas, así como para evadir operaciones militares después de ataques cometidos en inmediaciones al enclave rebelde, según fuentes de seguridad.
El ex presidente Alvaro Uribe también utilizó la norma para establecer una zona en la que se concentraron, en el norte del país, los máximos líderes paramilitares en medio de una cuestionada negociación que permitió que 31.000 combatientes de esos grupos armados ilegales depusieran las armas.
MENSAJE CLARO
“Es un mensaje para que cualquier eventual diálogo no esté supeditado a despejar zonas del territorio nacional, el Gobierno no renuncia a adelantar diálogos, pero no sobre la premisa de que se despeje ninguna parte del territorio nacional”, aseguró el ministro del Interior.
“Deben entender los grupos armados ilegales que no existiendo esa facultad, no será susceptible de negociación el despeje de ninguna área del territorio nacional”, explicó.
En el pasado las FARC exigieron que el Gobierno retirara las Fuerzas Militares y de Policía de un departamento selvático del sur del país como condición para un diálogo de paz.
Posteriormente, solicitaron el retiro de las Fuerzas Armadas de extensa zona montañosa del suroeste de Colombia para crear un área de seguridad en la que sus representantes y los del Gobierno se reunan a negociar un acuerdo de intercambio de rehenes.
Pero el ex presidente Uribe, quien gobernó entre el 2002 y el 2010, se negó a cumplir las exigencias de las FARC, consideradas como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.
“Es un asunto que el Gobierno no considera y por eso no considera útil tener esa facultad”, advirtió Vargas.
Algunos analistas consideraron que la decisión del Gobierno dificultará aún más la posibilidad de iniciar gestiones de paz con la guerrilla.
Santos ha condicionado el inicio de una negociación con las FARC y el ELN a que liberen a los secuestrados, suspendan sus actividades criminales como los ataques con explosivos y el narcotráfico y estén dispuestos a deponer las armas.
Fuente: REUTERS