( Material de Archivo: No es la primera vez que Boudou esta implicado en corrupción )
Esto se realizó durante 7 años, y le descontaban a los Jubilados de todo el país entre $1,70 y $2,10 por un presunto servicio de ambulancias . En el 2005 En la gestión de Massa, llegó a $7 y $12 el descuento .(“), compulsivamente, sin que los abuelos lo supieran o dieran su consentimiento. Cabe preguntarse que ¿“Vinculación testaférrea existe entre esta Cooperativa y Sergio Massa y Amado Boudou”?. O en pocas palabras, si la cooperativa no es de ellos, triangulada mediante testaferros?: Estaríamos ante una asociación Ilicita:
Sin autorización de los afiliados, la Anses entregó a la cooperativa los datos personales de los afiliados y la habilitó para realizar los descuentos compulsivamente a miles de personas en diversas provincias.
Informe de la Revista Desafío Económico de la Plata :
Bajo las administraciones de Sergio Massa y Amado Boudou, durante siete años una cooperativa realizó descuentos a miles de jubilados en todo el país sin autorización previa. La cooperativa tiene antecedentes en el sector de la construcción, pero ninguno en emergencias médicas. La posible estafa puede trepar a una cifra varias veces millonaria
Ferromar abandonó el anonimato hace siete años, cuando varios jubilados detectaron en sus recibos de sueldo dos códigos de descuento desconocidos. Poco a poco, la intriga acerca del destino de su propio dinero dibujó un camino en una única dirección: una cooperativa fundada por un grupo de ex trabajadores ferroviarios y destinada a la construcción de viviendas, el otorgamiento de créditos y consumo.
El engaño se mantuvo durante años. Desde la gestión del actual intendente de Tigre, Sergio Massa, se extendió hasta los días de Amado Boudou al frente de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), confiaron diversas fuentes consultadas por Desafío Económico.
Sin autorización de los afiliados, la Anses entregó a la cooperativa los datos personales de los afiliados y la habilitó para realizar los descuentos compulsivamente a miles de personas en diversas provincias.
Este medio intentó comunicarse tanto con Ferromar como con el organismo estatal, para conocer las explicaciones del caso, pero no obtuvo ninguna respuesta.
La entidad, religiosamente todos los meses, deducía de los haberes y pensiones montos mínimos que oscilaban entre 1,70 y 2,10 pesos, en calidad de servicios de urgencia -ambulancias, traslados y atención médica domiciliaria- que nadie había contratado.
Los descuentos variaban, sin respetar ninguna lógica, en cada caso, por lo que se ha hecho imposible calcular con exactitud el monto recaudado por Ferromar, aunque las estimaciones son varias veces millonarias.
Los beneficiarios comenzaron a tomar conocimiento de su afiliación al comunicarse con la Anses para denunciar esa maniobra. Entonces, se les informaba que habían sido incluidos como clientes de una cooperativa que oficiaba de coseguro, a través de un servicio de ambulancias.
La deducción se realizaba a partir de dos códigos: el 325 y el 011. Los primeros tres dígitos corresponden a una nómina de descuento destinada a grupos y terceras entidades, mientras que los restantes indican a qué institución se envía ese aporte.
Cabe destacar que Ferromar no está registrada como una cooperativa de servicios de emergencias.
El 14 de julio de 1999 las autoridades de la cooperativa firmaron un contrato con la Anses en el que se estipulaba un mínimo de afiliados necesarios para funcionar como prestadora de servicios.
Sin embargo recién a mediados de 2001 entraron en vigencia esas codificaciones y comenzaron a llevarse a cabo los descuentos. Para ese entonces, apenas un centenar de jubilados vieron afectados compulsivamente sus haberes, y muchos de ellos no lograron advertir la maniobra, ya que la tipificación numérica del código impedía saber fehacientemente de qué sustracción se trataba.
La situación se agravó en agosto de 2005, cuando el organismo que por entonces dirigía Sergio Massa implementó un nuevo sistema de descuentos (e@descuentos), a través del cual se enviaba directamente a las cuentas de las mutuales el dinero de la cuota. Según testimonios, para esa misma época aumentó el valor de la afiliación: pasó a costar entre 7 y 12 pesos.
Con e@descuentos funcionando, la cantidad de damnificados por los descuentos masivos fue creciendo considerablemente, hasta llegar, a finales del año pasado, a superar las 17.000 personas, de acuerdo a datos recopilados por Desafío Económico.
Frente ello, las denuncias ante la Anses por el cobro indebido, también crecieron, y la única respuesta a la que accedieron las víctimas fue la de comunicarse con Ferromar para gestionar la baja del servicio que, en los hechos, no habían contratado.
Fue entonces cuando la cooperativa comenzó a responder las críticas, argumentando un error involuntario de los data entry. Explicación curiosa si se tiene en cuenta que los primeros casos de descuentos están fechados a mediados de 2001, cuatro años antes del sistema informático de deducción.
Algo que nunca pudo esclarecerse fue el mecanismo por el cual una entidad sin experiencia ni trayectoria logró alcanzar un acuerdo de esa magnitud con el organismo que nuclea a cientos de miles de jubilados en todo el país.
Según fuentes consultadas por este medio, durante esos cuatro años Ferromar aumentó considerablemente la cantidad de afiliados.
Otra contradicción del caso se encuentra en la explicación que se dio a los afiliados: para la puesta en marcha del nuevo sistema de descuentos fue necesario que el interesado presentara una ficha de afiliación.
Pero en los casos de los que Desafío tomó conocimiento, y cuyos afiliados reclamaron por la supuesta incorporación errónea, ninguno de los damnificados había firmado ningún tipo de documento donde expresara esa voluntad.
A ello debe sumarse que la mayoría de los jubilados que poseían el supuesto coseguro nunca tuvieron acceso a un carné ni a cualquier otro tipo de documentación que certifique su afiliación y les permita conocer sus derechos de uso efectivo de las prestaciones.
Los primeros casos
La provincia de Buenos Aires fue el escenario donde aparecieron los primeros reclamos. Distritos rurales y las ciudades de Berisso, La Plata, Ensenada y Chascomús concentran un gran número de denuncias. Pero el engaño después se extendió a varias otras provincias, principalmente, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y San Juan.
Ferromar, que sólo poseería una oficina en la ciudad de Buenos Aires, tendría entonces delegada la prestación de servicios de emergencias en vastas regiones del territorio nacional. La pregunta es impostergable: ¿cómo una cooperativa sin experiencia en el rubro, y con una única filial, está capacitada para auxiliar a miles de jubilados en todo el país?
Hasta hace dos meses se desconocía si Ferromar tercerizaba o prestaba por medios propios el servicio de urgencia.
Fue entonces cuando la cooperativa comenzó a informar a través de medios de comunicación que había alcanzado un acuerdo con la empresa Vittal SA, quedando a disposición de los afiliados una flota de 400 ambulancias con área de cobertura sólo Capital Federal y el Gran Buenos Aires, incluyendo algunas ciudades como Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba y Bariloche.
“El costo total por los servicios brindados asciende a la suma de 7 pesos, considerando sin temor a equivocarnos que dicha suma resulta altamente competitiva, cuando no inmejorable”, pregona en una de sus tantas desmentidas la cooperativa.
Varias fuentes consultadas por Desafío Económico afirman que no existe ningún registro que permita constatar de manera fehaciente que Ferromar haya prestado en algún momento alguno de los servicios que promociona.
Asimismo, una gran cantidad de casos ha demostrado que el monto de las deducciones había llegado a superar la cifra publicada por las autoridades de Ferromar, hasta alcanzar los 12 pesos.
Todo ello provocó alrededor de 17.500 denuncias -muchas de ellas ante la Justicia penal-, a las que se suman la gran cantidad de casos que, por una u otra razón, prefieren guardar silencio a iniciar un camino burocrático de nunca acabar.
Así, la situación quedó montada y funcionando a la perfección. Indiscriminada y compulsivamente, miles de jubilados y pensionados perdieron, por muy menor que fuera la suma, el dinero que ganaron con treinta años de aportes.
Del trabajo ferroviario a las urgencias médicas
La cooperativa limitada de vivienda, crédito y consumo fue fundada en el año 1998 por ex empleados ferroviarios, y ese mismo año obtuvo la matrícula del INAES (Instituto Nacional de Asociatismo y Economía Social.
De acuerdo a los registros de ese organismo, la actividad de Ferromar sería, principalmente, la de construcción de viviendas, además del otorgamiento de financiación. Sin embargo públicamente se conoce un único proyecto de ese rubro. Se trata de su participación en el Programa de Vivienda Colectiva con Ahorro Previo, desarrollado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Aníbal Ibarra.
El plan tenía por objetivo facilitar el acceso a la vivienda a sectores de ingresos medios bajos. Para ello, se otorgarían créditos y se financiaría el monto de la construcción, de 3.830.000 pesos. Sin embargo la obra quedó paralizada, a medio hacer, por razones que nunca se dieron a conocer.
El engaño en primera persona
El senador provincial por el GEN (Generación para un Encuentro Nacional) Luis Malagamba conoce casi de memoria el peregrinar de los jubilados, víctimas de Ferromar. Fue el primero en recibir las cartas de queja y pedido de baja de una afiliación jamás suscrita, cuando estaba al frente de la Defensoría Ciudadana de La Plata, y actualmente continúa recibiendo denuncias por el cobro in-debido por el coseguro médico, en su rol de presidente de la comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara alta bonaerense.
“La gente jamás había firmado nada para asociarse a esa cooperativa. Empezaron a venir. Berisso trajo muchísimas denuncias; Ensenada, algo; también La Plata y el interior de Provincia. Entonces, empezamos a notificar a la Anses, pero la mayor preocupación era que desde ahí a los jubilados les decían que tenían que comunicarse con Ferromar”, explica el legislador. Malagamba ratifica la desprotección en que se encuentran miles de jubilados:
“Se sigue la premisa de decir que no es culpa de ellos, que alguien instruyó mal; pero también es cierto que esto también es culpa de Anses. Y ella debería decir ‘bueno yo tengo el soporte técnico, pero acá tengo un soporte legal de cada uno de los que, engañados o no, firmó. Todo lo que no tiene soporte legal tendría que estar dándolo de baja”.
El senador, además, ha vivido en carne propia una situación a la que podría adjudicarse el hecho de que los reclamos sean solamente miles y no cientos de miles.
Tanto su padre como su suegro son beneficiarios de la Anses. Ambos viven en zonas rurales del interior bonaerense y ven, mes a mes, cómo se descuenta de sus haberes la cuota de afiliación a la cooperativa Ferromar.
“Lo mismo que pasa en mi familia les sucede a muchos jubilados, que quizá ni siquiera denuncian el descuento porque viven en zonas rurales y no pueden viajar hasta Capital, a la sede de Ferromar, para hacer el trámite. En un año les descuentan 50 o 70 pesos, que es lo mismo que gastarían en un pasaje de micro, y en un día perderían ese dinero, para no saber si los dan de baja o no”, dice Malagamba, y sobre el final plantea un razonamiento lógico y de ejecución simple: “Lo que no se entiende es la responsabilidad de la Anses, porque todo lo que no tiene soporte legal debería haberse cortado de inmediato; no en vano me siguen entrando denuncias”.
La denuncia vía judicial
Ferromar afronta actualmente una denuncia penal por defraudación y falsificación de documentos públicos. En esa causa están también imputados la Anses y Julio Alberto Garialde, en su calidad de presidente de la cooperativa, según fuentes judiciales. Esta contienda comenzó el 22 de febrero de 2006, con la denuncia de Martha De la Fuente (ver cuadro aparte), en el Juzgado Federal Nº1, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
El proceso que inició una única damnificada, quien además se constituyó como querellante, fue engrosando sus fojas, hasta superar las 1.000, e incluyendo nuevas denuncias que surgían desde distintos puntos del país, hasta superar los 4.000 hechos de descuentos indebidos realizados en un amplio período: desde enero de 2001 hasta fines de 2008.
Sin embargo hubo una causa anterior cuyo dictamen, de noviembre de 2006, fue beneficioso para Garialde y la cooperativa, ya que lograron el sobreseimiento.
Se trata de una denuncia presentada por el Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata. Del grupo, 29 personas habían sufrido un descuento ilegítimo por parte de la cooperativa, el que fue fundamentado -y respaldado por la decisión judicial- como un error involuntario.
Con ese antecedente favorable fue que Ferromar antepuso un pedido de cosa juzgada para dejar sin efecto la causa penal colectiva que se le sigue. La Sala I no hizo lugar al pedido y la decisión fue apelada en Casación.
Esa instancia deberá expedirse este mes, tras escuchar de la propia boca de los imputados sus justificaciones.
Entrevista a Martha De la Fuente, la querellante: «Enseguida pensé que era compulsivo»
Martha De la Fuente no fue la primera damnificada por la cooperativa Ferromar, pero sí la primera persona que llevó a la Justicia Federal su reclamo. Su caso comenzó en febrero de 2005, cuando en el recibo de su pensión advirtió dos códigos desconocidos.
“Yo creía que la Anses me estaba haciendo este descuento por un reajuste en los haberes, por lo tanto estaba segura de que se trataba de ‘algo legal’”, explica.
Sin embargo un día de cobro habitual descubrió en una cartelera del organismo que esos números corres-pondían a una afiliación que jamás había autorizado, y fue cuando em-prendió la vía oficial para obtener alguna explicación.
“Yo consideraba que esto era mucho más, que acá tenía que haber algo mucho más grande. Enseguida pensé que esto era algo compulsivo, así que hice una nota para que me la reciba la Anses. Pero no quisieron recibirla, sino que me pidieron que me dirigiera a la cooperativa para desafiliarme”, comenta, indignada, De la Fuente.
Así, recorrió distintas oficinas durante dos meses para que le dieran de baja. En ese trajín logró saber que el mecanismo de afiliación compulsiva no era desconocido por la Anses, sino que existían reclamos previos al suyo.
“Me estaban haciendo una afiliación compulsiva y de forma indebida por algo a lo que nunca me afilié. Además, me estaban descontando por créditos inexistentes”, relata.
Cansada de tanta indiferencia, decidió asesorarse y realizar la denuncia penal. “Nunca me dirigí a Ferromar porque jamás me puedo dirigir a alguien a quien nunca le pedí una afiliación, ni nada, así que todo se tramitó en el juzgado”, explica De la Fuente.
Respecto del acceso que tuvo Ferromar a los datos de los jubilados, la víctima desconfía, y arriesga: “Me da derecho a presumir que podría llegar a haber alguna cierta connivencia con algunos empleados de la Anses”.
Consciente del largo camino que la espera, Martha De la Fuente destaca que “sin dudas, hay muchas personas que no tienen medios para luchar, pretendo también defender un poco a todos ellos”.
Historia de un vaciamiento
Cuando en diciembre de 2008 el Gobierno impulsó la estatización de los fondos de las AFJP,
lo hizo, según sus propios documentos, para “asegurar a todos los jubilados su prestación, fundamentalmente en los momentos donde el ciclo económico en-tra en crisis”.
Sin embargo, lejos de salvaguardar el dinero de los aportes, esos fondos, -consistentes en dinero circulante, acciones y valores-, pasaron inmediatamente a constituirse como la caja kirchnerista.
Durante la gestión del actual ministro de Economía, Amado Boudou, la Anses recibió unos 6.000 millones de pesos como consecuencia de la estatización previsional. A pesar de esos recursos, en junio registró un déficit del 160 por ciento, superior al del mismo mes de 2008, lo que representó un rojo de 1.460 millones de pesos.
En ese mes los ingresos totales del organismo alcanzaron los 8.710 millones de pesos, mientras que los egresos llegaron a 10.170 millones.
A esta situación debe sumársele que apenas el 60 por ciento se destinó efectivamente a un incremento de las prestaciones