Aún sin reponerse de la muerte de 356 compañeros, unos 500 presidiarios viven en lo que quedó del penal de Comayagua y temen una nueva tragedia. Naciones Unidas anticipó una oleada de violencia en las prisiones de América Latina.
Las autoridades hondureñas decidieron que los sobrevivientes del incendio ocurrido el martes permanezcan en las celdas no dañadas de la prisión, ubicada a 90 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Casi la mitad del edificio fue consumido por el fuego por causas que se investigan con la participación de expertos estadounidenses.
Desde una torre a lo lejos es posible observar a grupos de reos -algunos pocos, con tapabocas porque persiste el hedor a muerte- que tratan de acomodarse en las celdas que quedaron en pie, sobre cuyos techos hay colchones que se secan al sol, tras la acción de los bomberos.
«Yo no quiero que me mantengan aquí, tiene una maldición que ya habíamos advertido, sabíamos que ese incendio iba a ocurrir tarde o temprano», dijo Marco Valladares a la AFP mediante un celular desde el cual se comunica con su esposa, Marta Abigail López, apostada en los portones de la prisión.
«No sé cómo voy a hacer, pero le voy a pedir al tribunal de cumplimiento de penas que me traslade a otro penal, ya que en este no quiero seguir, da miedo saber que me puedo morir quemado», sostuvo.
Mientras recogía basura en el contorno del penal bajo la vigilancia de policías, otro de los sobrevivientes, Héctor Martínez, afirmó a periodistas que perdió definitivamente la tranquilidad.
Su compañero, Jacinto Portillo, de 53 años, señaló que «nadie está seguro cuando está en la cárcel». «Todos llegamos a sentir miedo en un momento, no sabemos si vamos a morir, hoy fue el incendio, mañana puede ser un motín, no sabemos», relató. «Como humanos, lo que nos toca es acostumbrarnos a sobrellevar todas estas cosas aquí o en donde sea», dijo amargado.
La prisión-granja de Comayagua albergaba a 852 presos -el doble de su capacidad- acusados de asesinatos, secuestros, pandillaje y otros delitos, el 60% de los cuales no había recibido condena.
La tragedia, que ya es investigada por las autoridades hondureñas, también será indagada por un equipo independiente, a pedido de Naciones Unidas. El organismo denunció, además, una oleada de violencia en las prisiones de América Latina, causada por las malas condiciones de vida y el hacinamiento.
Rupert Colville, vocero de la alta comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió al Gobierno de Honduras que proporcione información a las familias de las víctimas «sin dilación».
Advirtió que los problemas de superpoblación se dan en toda la región, donde a menudo las prisiones albergan entre un 30 y un 100% de reos más que el número para el que fueron construidas, dijo.
Colville dijo que «una oleada de violencia» en las cárceles de Latinoamérica había causado muertes en las últimas semanas en países como Uruguay, Argentina, Venezuela y Chile.
«Estos hechos reflejan un patrón alarmante que es consecuencia directa, o que se vio agravado, por una serie de problemas endémicos como el hacinamiento crónico de las prisiones, la carencia de acceso a servicios básicos: espacio, agua potable, alimentos, cuidados sanitarios e higiénicos básicos», afirmó.
Añadió que las condiciones se hacían peores por los «retrasos judiciales y un recurso excesivo a la detención previa al juicio».
Fuente: AFP – Reuters