Después del circo antimacrista, de la juntada de firmas y a menos de una semana del escándalo por el precio del boleto de subtes, el Gobierno nacional anunció un aumento en la tarifa de transportes, tal como se esperaba y a pesar de que lo haya desmentido el titular de la Secretaría correspondiente, Juan Pablo Schiavi. Sólo quienes posean la tarjeta SUBE podrán mantener el precio original, dejando por fuera a entre dos y tres millones de usuarios.
Tal como anunció el Gobierno Nacional, a partir del 10 de febrero aquellos usuarios de transporte público que no posean la tarjeta SUBE deberán abonar más caro su boleto. Cabe destacar que el aumento se implementará en un contexto sumamente desprolijo, sin que lo móviles cuenten con las máquinas que diferencian la tarifa y sin la capacidad de distribuir la suficiente cantidad de tarjetas o aumentar los puntos de recarga. Así que ahora comenzará una odisea para aquellos que aún no la tengan ya que, según asociaciones de consumidores, no hay tiempo suficiente para entregarla.
Por supuesto que fue una gran sorpresa para todos lo argentinos, que ya soportan con bastante pesar en aumento progresivos de precios en productos para el consumo, quienes hace menos de dos semanas escucharon al Secretario de Transporte desmentir categóricamente (y hasta indignado con los medios y la oposición) un aumento en el precio del transporte, al tiempo que otros adalides K salían a calificar de injusticia el la suba del boleto de subtes.
Claro que este aumento es la punta del iceberg del problema real. Lo que se esconde tras el recorte abismal de subsidios en general es que el gobierno se está quedando sin recursos, habiendo consumido gran parte de las reservas del BCRA y el dinero obtenido de las arcas del Anses. Y hay que sumar, o más bien restar, la enorme masa de subidiados, que asciende a millones de argentinos que están por fuera del mercado laboral, y que se encuentran indefensos ante algún posible colapso de la burbuja K.
En ese marco de falta de recursos aparece la tarjeta SUBE, ya que no se trata solamente de la plata ahorrada en el subsidio al transporte, sino de los 800 millones de capital líquido por mes que los usuarios cargan en plástico y al que el Gobierno aspira llega. Ese monto va directo a las arcas del tesoro nacional y luego debería ser dirigido a las empresas de transporte, pero mientras tanto el Estado cuenta con un salvavidas mensual.
Por lo pronto estamos a veinte días de la suba tarifaria y muchos desconfían de la capacidad del Gobierno de distribuir la tarjeta entre los usuarios que aún no la poseen y de garantizar que haya una suficiente cantidad de puntos de carga porque ya, hoy por hoy, no siempre es sencillo hacerlo. Mientras que en el Gran Buenos Aires nos encontramos con partidos que sólo cuentan con dos o tres comercios habilitados para realizarla.
¿Todavía restan argumentos para desmentir que el Gobierno está pedaleando con todas sus fuerzas para frenar la crisis, que muchos argentinos ya están pagando por adelantado?