El juez imputado asegura que «no se violentó el derecho de defensa de los abogados y acusados de la trama delictiva, sino que se protegió». El abogado defensor equipara las escuchas con las del «caso Marta del Castillo»
El juez Baltasar Garzón ha vuelto a tomar la palabra en el juicio que se instruye contra él en el Supremo. Ha asegurado en la tercera sesión que asume «todas y cada una de las decisiones» adoptadas en relación a la intervención de las comunicaciones en prisión a los imputados del «caso Gürtel» y sus abogados, y ha asegurado que no se violentó el derecho de defensa, sino que se protegió. «Fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad», ha afirmado Garzón, tras reiterar que eran la única vía posible para evitar que la trama siguiera delinquiendo desde prisión.
Así lo ha recalcado el magistrado, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, en su turno de última palabra en el juicio en el Tribunal Supremo por ordenar las mencionadas escuchas, que ha concluido y ha quedado visto para sentencia a las 17:43 de esta tarde.
Por su parte, su abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, ha defendido la legalidad de las escuchas practicadas en el «Gürtel» y ha confesado que porque cree y confía en la Justicia, cree en la inocencia del juez, que salvaguardó el derecho de defensa y no prevaricó en ningún momento. «El derecho de defensa no es un chicle. No podemos hacer lo que nos de la gana», ha dicho Baena ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a Garzón por ordenar la intervención de las comunicaciones en prisión entre los cabecillas de la trama «Gürtel» y sus abogados.
Baena ha afirmado que el derecho de defensa tiene sus límites, y no hay ninguna razón para acusar a Garzón de haber cometido una «clamorosa prevaricación», como ha dicho el abogado de la acusación, José Antonio Choclán, que representa al supuesto cerebro de la red, Francisco Correa.
«Yo no comparto eso. Me gustaría cambiar la frase por «clamorosa equivocación o clamorosa exageración», ha señalado el abogado, que ha criticado también el auto en la que el pasado 11 de abril el magistrado instructor de la causa en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, dictó la apertura del juicio oral por ser una reproducción mimética del escrito de acusación de Choclán.
Justificadas en busca del delito
Tras defender que la intervención de las comunicaciones estaba justificada en una investigación que perseguía un delito grave, como es el blanqueo de capitales, y en la que se había constatado la participación de varios abogados y que los responsables de la trama seguían actuando desde la cárcel, el abogado ha recalcado que «Garzón no ha cometido ninguna barbaridad».
Ha recordado, además, que la medida «fue compartida, asumida y no impugnada por el Ministerio Fiscal, que tiene atribuida la defensa de la legalidad», y ha negado que, como alega la acusación, el contenido de las conversaciones se utilizara en perjuicio de los imputados.
Asimismo, ha aludido al «caso Marta del Castillo» para recordar que también se intervinieron comunicaciones en la investigación del delito, sin mencionar en las resoluciones que adoptaron la medida la prevención del derecho de defensa, como sí figuraba en el auto de Garzón.
Por eso, ha mostrado su profunda preocupación porque en el fondo se esté buscando un nuevo espacio donde se puede encontrar la responsabilidad penal de los jueces y magistrados desde un punto inadmisible.
Fuente: ABC