Ayer se difundió la resolución firmada por el ministerio de Economía que colocaba en manos de la secretaría de Guillermo Moreno el control de todos los implicados en la cadena productiva de la pasta de celulosa y papel de diario. Ahora, si bien el Gobierno no puede alterar la conformación de la mesa directiva de Papel Prensa, que comparte con Clarín y La Nación, da un paso importante para regular el funcionamiento de la empresa.
La polémica contra sobre Papel Prensa lleva varios años dando vuelta y durante los últimos meses se esperaba algún tipo de golpe definitivo por parte del Gobierno Nacional. En efecto, ese golpe fue la Ley Nº 26.736 que en su artículo primero declara «de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios» por lo tanto su control quedará en manos del Estado, más específicamente, de la Secretaría de Comercio Interior tal como lo explicita la Resolución 9 firmada por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Cabe destacar que la ley tuvo un tratamiento express a fines del año pasado, siendo sancionada el 22 de diciembre de 2011, promulgada cinco días después y publicada en el Boletín Oficial el 28 de dicho mes. Cabe destacar que los socios mayoritarios de la empresa son los diario Clarín y La Nación, mientras que un 27% de las acciones pertenece al Estado.
Esa división de la propiedad se remonta a momentos poco claros durante la última dictadura militar y por lo tanto desde el Kirchnerismo apuntaros a sus «socios» basados en las sombras existentes en el asunto de la venta de las acciones de la viuda de David Graiver a los medios de prensa que hoy son dueños de la empresa.
Y si bien no altera directamente la conformación de la mesa directiva del Papel Prensa, ahora el Estado podrá controlar activamente la producción y comercialización de pasta de celulosa en Argentina. El mecanismo es simple, la Ley crea el
Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios, que “quedará habilitado para el dictado y ejecución de todos los actos tendientes a su instrumentación, funcionamiento, supervisión y control”.
El encargado de dicho registro es nada menos que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien ahora, con la distribución de papel de diario en sus manos, podrá moverse de otra forma en la ofensiva contra Papel Prensa. Y tampoco deberá esperar mucho para comenzar a ejercer sus funciones porque la Ley da los fabricantes de papel y pasta de celulosa 22 días «a partir del dictado del acto administrativo correspondiente por parte de la Secretaría de Comercio Interior» para inscribirse en el registro.
La ley también contempla otro tipo de controles, entre ellos, en su quinto artículo exige que “los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y de papel para diarios, deberán cumplir con la obligación de publicar los balances, prevista en el Artículo 19, y la información prevista en el Artículo 20, en la misma página de Internet creada a fin de cumplir con lo dispuesto por el Artículo 18 de la Ley Nº 26.736″.
Además, en el inciso del artículo once, la ley permite a la autoridad de aplicación «requerir a los actores del presente régimen, la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley
y su reglamentación. Asimismo, deberá realizar las inspecciones que sean necesarias a los mismos efectos y habilitará los registros pertinentes», de decir, legaliza la presencia y control exhaustivo del Estado en Papel Prensa.
Cabe destacar que hay regulaciones sobre el precio y las toneladas de papel que deben producirse e importarse mientras que «los compradores de pasta celulosa y de papel para diarios se encuentran obligados a realizar los pedidos y al cumplimiento en tiempo y forma del retiro de la mercadería que solicitaran», según indica el artículo 23.